La insólita resolución judicial fue dejada sin efecto por el Superior Tribunal de Justicia. El imputado atropelló y mató a dos personas en una maniobra imprudente en la Ruta 25.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó sin efecto un insólito fallo dictado por una jueza de garantías que dispuso que una persona que había atropellado y matado a dos motociclistas solo pagara 36 cuotas de $200.000 a cada una de las familias de las víctimas. La jueza había tomado la resolución pese a la oposición de la Fiscalía y de los familiares de los fallecidos.
En el proceso penal iniciado tras las dos muertes, la jueza de garantías Karina Breckle había aplicado la figura de la suspensión de juicio a prueba, mediante el pago de una cuota mensual a las familias de las víctimas.
El acusado, Elián Alberto Saucedo, había embestido a sus víctimas, a bordo de un Fiat Uno, en la Ruta 25, entre Trelew y Rawson, causándoles la muerte. Estaba imputado por “homicidio culposo agravado”.
La propuesta de aplicación de esa figura legal mediante un ofrecimiento económico a las familias de las víctimas había sido propuesta por la abogada defensora de Saucedo.
El planteo de la Fiscalía
El ofrecimiento de reparación, realizado a través de la defensora particular Gladys Olavarria, consistía en el pago de $200.000 mensuales durante tres años a cada una de las familias de las dos víctimas.
La jueza Breckle accedió a la propuesta de la defensa de Saucedo, pese a que la procuradora fiscal Janet Davies se opuso.
Davies, entonces, presentó una impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia, y el máximo órgano de la Justicia chubutense le dio la razón a la representante de la Fiscalía de Rawson.
La fiscal planteó la necesidad de que el caso fuese a juicio oral y público, con una expectativa de pena de cinco años de prisión efectiva para Saucedo.
En su resolución, los jueces Camila Banfi Saavedra, Javier Raidan y Ricardo Napolitani, indicaron que la figura de suspensión de juicio a prueba solo puede ser aplicada si hay acuerdo con la Fiscalía, algo que en este caso no había ocurrido.
“El ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, la decisión que suspende el proceso a prueba requiere el consentimiento previo y expreso del titular de aquella acción”, señalaron.
Qué pasó en la Ruta 25
En el hecho que se llevó a juicio, Saucedo, quien manejaba un Fiat Uno, según testigos, se cruzó imprevistamente de carril para salir de una larga caravana en la que varios vehículos circulaban a 60 kilómetros por hora, y en la maniobra chocó de frente contra la motocicleta en la que viajaban las víctimas.
El conductor de la moto, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto. Su acompañante, Cristian Ramos, fue trasladado al Hospital de Trelew y allí murió tres horas después. Ambos llevaban puesto el casco en el momento del choque.
En la audiencia en la que la jueza Breckle le otorgó el beneficio a Saucedo, familiares de Rojas y de Ramos expresaron su oposición a la reparación económica. Indicaron que lo ocurrido fue por “imprudencia” del conductor del vehículo, y que la muerte de sus seres queridos les había “cambiado la vida”.