Lo interceptaron en la calle sin barbijo a fines de 2020, cuando regían las restricciones por el Covid. Lo persiguieron y lo detuvieron. En la Comisaría le dieron una paliza y lo humillaron.
Dos policías de la Comisaría 24 de Cipolletti fueron condenados por agredir y humillar a un menor de edad con capacidades diferentes. No irán a prisión porque les impusieron dos años en suspenso. El monto surgió de un acuerdo alcanzado entre el fiscal Santiago Márquez Gauna y el defensor particular Pablo Barrionuevo, luego de que el juez Guillermo Baquero Lazcano los declarara culpables.
La pena además incluye el cumplimiento de pautas de conducta y la inhabilitación especial por cuatro años para el desempeño de funciones en el área de seguridad y de investigaciones judiciales. Por lo tanto, podrán seguir trabajando en la fuerza sin portar armas y cumpliendo otras tareas, como administrativas o maestranza. Eso fue uno de lo puntos controvertido por las partes, que resolvió el magistrado.
El violento incidente se produjo el 30 de septiembre de 2020, en plenas restricciones por la pandemia de Covid. Esa tarde el adolescente transitaba en bicicleta por la calle La Esmeralda y Colombia junto a un tío y otro muchacho que iban caminando, cuando se cruzaron con tres policías que hacían rondas peatonales y le advirtieron al joven que no llevaba colocado el tapabocas. Entonces se produjo un cruce de palabras y los uniformados quisieron identificar al menor, quien se fue del lugar en su bicicleta. A una cuadra de distancia, donde se encuentra una estación de servicios, un patrullero conducido por el cabo Ángel Contreras y lo acompañaba el sargento Mario Vera, frenaron la marcha y lo interceptaron. Uno de ellos se bajó y le dijo que sospechaban que la bici era robada, pero el chico se asustó y volvió a escapar. Se produjo así una persecución que terminó en inmediaciones de Primeros Pobladores y Arenales, donde cayó de la bicicleta. De todos modos, corrió cerca de una cuadra, hasta que fue detenido
La acusación indica que lo redujeron y esposaron, y que Vera le dio dos piñas en la panza. Después lo subieron al móvil y lo llevaron a la Comisaría del barrio Don Bosco, donde sufrió lo peor: ambos suboficiales siguieron con los golpes e insultos denigrantes.
Según se describe, Vera y Contreras le dieron “palmetazos” en la oreja derecha y golpes de puño en el abdomen, mientras la víctima se encontraba esposado contra la pared, hasta que cayó al piso. Ahí Contreras “le pegó una patada, a la vez que le exigieron que se baje los pantalones”.
El chico les decía que era menor, pero por su contextura física robusta, no le creían y lo siguieron golpeando. Hasta que les dio el número de teléfono de la madre, quien les confirmó su edad. La mujer pudo hablar con él y enseguida sospechó que algo había pasado. Cuando fue a la dependencia lo encontró con vestigios de haber sufrido una paliza, por lo que lo llevó al hospital, donde una médica certificó lesiones de carácter leve. Entonces la madre presentó la denuncia. Luego ambos policías fueron imputados por “Vejaciones agravadas por el empleo de violencia”.
Golpes e insultos humillantes
Para el juez Baquero Lazcano el hecho quedó comprobado. Valoró el testimonio de la víctima y el certificado médico.
Destacó que la “declaración del menor es sincera” y que “si bien se advierte que tiene esta discapacidad, …. su relato es coherente con lo que vivió y con lo que se comprobó en el juicio”.
En este punto enfatizó los policías debieron notar su dificultad y haberle dado un trato especial. “A poco de hablar con el menor se puede advertir su discapacidad o retraso metal. En el juicio esto lo noté sin mayor esfuerzo, no hace falta ser sicólogo para darse cuenta”, recalcó el magistrado.
Resaltó que el joven “sufrió un trato humillante, no solo por los golpes que recibió sino también por las ofensas de las que fue objeto. No le creyeron cuando les decía que era menor, y cuando pedía que viniera su mamá, se le burlaban. Ese fue el trato denigrante y vejatorio”. Le decían maricón porque llamaba a su mamá. “Todo un trato completamente ajeno a la función policial, lejos del buen obrar del policía”, consignó el juez, quien cuestionó la investigación dado que, sostuvo, había otros policías de la misma comisaría que debieron haber sido acusados, pues evidenciaron un comportamiento reprochable porque tuvieron que haber escuchado los gritos de la víctima.
Sin armas, pero trabajando
Uno de los puntos controvertidos de la sentencia fue a inhabilitación para seguir cumpliendo funciones policiales. El fiscal Márquez Gauna reclamó que comprendiera
cualquier labor en la fuerza policial. Sostuvo que Constitución de Río Negro dice que “no se puede ser funcionario público si se es condenado por delito doloso, más aún si es por delito cometido en abuso de la función”. La norma, sostuvo, aplica a la policía.
El defensor Barrionuevo pidió que les permitieran permanecer en la institución con otras tareas “sin portar armas y uniformes”.
Los acusados al manifestar que aceptaban la pena explicaron la necesidad de seguir trabajando en la Policía.
Vera dijo que es sostén económico de sus hijos menores, y que tiene una cuota alimentaria respecto de ellos.
Mientras que Contreras expresó que es su trabajo, que le permite pagar el alquiler sus gastos y también algunas veces ayuda económicamente a su madre.
El juez Baquero Lazcano consideró “desproporcionado” el requerimiento fiscal y que, de concederlo, “perderían en lo inmediato su fuente de trabajo, de sustento, y entrarían en situación de riesgo incluso de quedar fuera del mercado laboral formal”.
Ponderó asimismo “la buena impresión” que tuvo de los imputados durante el debate.