La Ley 128 aprueba la Zonificación Minera en la zona de la Meseta.
La ley se aprobó con el voto favorable de Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Xenia Gabella, Mariela Williams Y Pablo Nouveau del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y Adriana Casanovas y Monica Saso (Frente de Todos).
En cambio, votaron en contra los legisladores María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente).
En tanto no votaron Graciela Cigudos (Chubut al Frente) y Mario Mansilla (Frente de Todos).
¿Qué propone la Ley 128?
En principio, respeta el mandato de la ley XVII – 68 (Ex 5001) estableciendo una zona en donde la industria minera puede ser desarrollada. La Ley 5001 no se deroga, mantiene su vigencia y se cumple con su mandato.
La ley aprobada no se reduce a la zonificación,
aunque la establece en su Capítulo 2, avalada por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM).
Los departamentos beneficiados con esta norma serán Gastre y Telsen, los más despoblados de Chubut. Además, establece la obligación de presentar un Plan de Acción Socioeconómico Ambiental y considera especialmente el desarrollo sostenible en la Meseta.
También crea el Centro para el Desarrollo Productivo de la Meseta, que se encargará de articular programas de desarrollo que se vean beneficiados por la instalación de la actividad minera. Y también establece la creación de fondos de infraestructura y sostenibilidad para esa región.
Una vez finalizados los proyectos mineros, establece la obligatoriedad de presentar plan de cierre, que debe incluir compromisos ambientales y sociales que permita que las áreas afectadas sean compatibles con un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo, dice la ley.
La norma también establece específicamente que se debe garantizar el Derecho de Consulta a comunidades originarias; ratifica la vigencia del convenio OIT 169; crea el Centro de Gestión y Monitoreo Ambiental para la Minería (dentro del Observatorio de Recursos Naturales) que convocará a sumarse a organismos nacionales, Universidades, organizaciones no gubernamentales con fines ambientales, y/o a representantes de espacios colectivos / ciudadanos; y promueve la participación ciudadana a través del Centro de Desarrollo Productivo de la Meseta.
Además, en seis artículos promueve la participación de organismos públicos, universidades, centros de investigación, ONGs, gremios, colegios profesionales, ciudadanos.