Se trata del expediente judicial que investigó irregularidades en contrataciones realizadas en la crisis por el temporal que azotó a la ciudad entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017. “No hay modo que en este tribunal declare su responsabilidad penal en los términos”, expresaron.
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 donde cayeron 400 mm. de agua lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos.
Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
Se los acusa del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica con 36 hechos imputados y el fiscal consideró que todos es un único hecho bajo la figura del delito continuado.
“Gonzalo Pérez era imputado en seis de esos hechos y no encontramos ninguna conducta que le hubiera sido atribuida o propia de un engaño. No hay modo que en este tribunal declare su responsabilidad penal en los términos del reproche”, indicaron en el juicio.