El abogado del padre del menor cuestionó a la conducción de la institución y habló de presiones, trabas administrativas y desconfianza en la Justicia local.
El abogado Roberto Castillo, representante legal del padre de Ángel, cuestionó duramente al Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia y, en particular, a su conducción, tras el comunicado emitido.
Castillo expresó su “rechazo y repudio” hacia la gestión del presidente de la institución, a quien acusó de intentar condicionar su accionar profesional. “Es una vergüenza que me llame por teléfono para intentar silenciar a la familia de Ángel, que me diga cómo tengo que expresarme en los medios de comunicación o que obstaculice mi matriculación”, sostuvo.
En ese sentido, el letrado fue tajante: “Yo no quiero matricularme en ese colegio. Ese colegio no es digno de tenerme como matriculado, al menos bajo esta gestión”. Además, remarcó que el padre del menor tiene el derecho de elegir a su abogado de confianza. “Entiendan esto: el derecho a contratar un abogado de su confianza es fundamental. Que un abogado ejerza en otra jurisdicción es prueba de la desconfianza institucional que tiene la gente en la Justicia de Comodoro”, afirmó.
El abogado también calificó como “absurdos” los planteos realizados por la institución y consideró “un papelón” el comunicado en respaldo a un magistrado que intervino en el caso. “Se solidarizan con el juez que, por su negligencia, facilitó que Ángel no esté entre nosotros. Es vergonzoso”, señaló.
En esa línea, apuntó contra lo que definió como “corrupción judicial y amiguismo”, y sostuvo que las instituciones “deberían estar más cerca de la gente y analizar por qué hay tanto descreimiento en sus funciones”. “El derecho es estar con la gente, incluso si eso implica incomodar a las instituciones”, agregó.
Castillo también se refirió a las dificultades administrativas para asumir la representación del caso. Explicó que, pese a contar con matrícula en distintas provincias, debieron realizar un poder en una escribanía para poder intervenir formalmente. “Son trabas absurdas que generan una obstrucción innecesaria y más sufrimiento para la familia de Ángel, que necesita respuestas urgentes”, indicó.
Finalmente, el abogado adelantó que el objetivo es lograr la pena máxima para los responsables. “La expectativa es conseguir una condena a prisión perpetua para los homicidas, además de denunciar al juez interviniente y las inconductas de los profesionales que participaron en el caso”, concluyó.