Las jóvenes eran ofrecidas a organizadores, clientes y empresarios del sector durante las competencias de las principales categorías del país; según la fiscalía “se les insistía y presionaba” para que accedieran a tener relaciones íntimas a cambio de dinero; se calcula que hubo al menos 50 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Un fiscal federal pidió que dos hombres y una mujer vayan a juicio acusados de contratar a mujeres como promotoras en las más populares categorías del automovilismo argentino para finalmente obligarlas a tener sexo por dinero con distintos organizadores, clientes y empresarios del sector de las competencias.
La elevación a juicio, según informó hoy el portal del Ministerio Público Fiscales.gob.ar, fue solicitada por el fiscal federal N°5 porteño, Franco Picardi, quien tipificó el delito como “trata de personas con fines de explotación sexual”.
La investigación, de larga data, se inició en 2018, a raíz de dos denuncias anónimas realizadas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En total, serían aproximadamente 50 las damnificadas, que eran convocadas por una agencia de publicidad para concurrir a los autódromos en donde se presentan regularmente el Turismo Carretera, Turismo Nacional, TC Mouras y Turismo Pista. Cuando las ofrecían a los clientes, las nombraban como “autitos”.
Allí, con la promesa de darles trabajo como promotoras en el automovilismo argentino, actividad que en un principio desarrollaban, a las víctimas se les insistía, se las presionaba y hasta se las amenazaba con la pérdida de su empleo para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, según la acusación del fiscal.
Además, se aclaró que la explotación sexual de estas mujeres “no se daba en un lugar fijo, sino a conveniencia de los prostituyentes”, ya sea en las inmediaciones del autódromo donde se disputaba la competencia en cuestión y/o en hoteles ubicados en la ciudad donde se realizaba la carrera de autos, público La Nación.
El target para el reclutamiento de las “promotoras” por parte de la agencia era conciso: se las buscaba jóvenes, con determinado estándar de belleza, necesitadas de recursos económicos o con hijos menores a su cargo. Reunidas algunas de estas características, los organizadores de la maniobra criminal se aprovechaban de las carencias de las chicas para forzarlas a que ejercieran la prostitución, con la amenaza de que, de no acatar las órdenes, perderían su empleo.
Los tres acusados
El 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina realizó un procedimiento en el autódromo municipal “Juan Manuel Fangio”, de Rosario. Se corría una fecha del Turismo Nacional. En esa oportunidad, se detuvo a Karina Liliana Juárez, alias La Mamu, y su chofer, Fabián Eduardo Ferro, alias Chafi. Fueron rescatadas 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias.
También ese mismo día fue arrestado Raúl Osvaldo Roncayolo, en su casa de un barrio privado de Pilar. Una vez judicializado el caso y con la intervención del fiscal Picardi, el entonces titular del Juzgado Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, solicitó la detención de la mujer y de los otros dos sospechosos.
Juárez era la cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras, mientras que Roncayolo era dueño de una concesionaria de venta de autos. Respecto de Ferro, era el encargado de trasladar a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se disputaban las carreras.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Picardo señaló que en el contexto del automovilismo deportivo regional se observa “una amplia demanda de prostitución, abastecida en oportunidades por organizaciones criminales de diversa magnitud”, a partir de la explotación sexual de personas. Además, destacó que todas las víctimas forzadas a prostituirse eran mujeres, lo cual “no es casual en un contexto de sobrerrepresentación de varones, tanto en el ámbito de los espectadores, como corredores, empresarios y actores y organizativos”.
Las pruebas y el juicio
La investigación incluyó tareas de campo, intervenciones telefónicas y entrevistas con las víctimas. El fiscal Picardi le solicitó al responsable del Juzgado Federal N°6, Daniel Rafecas, que Juárez y Roncayolo sean enviados a juicio oral como “coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”. En tanto, Ferro fue acusado por los mismos ilícitos, pero en carácter de partícipe necesario.
El fiscal esgrimió que los imputados, en sus diferentes roles, se involucraron desde agosto de 2018 y hasta el 17 de noviembre de 2019 en el funcionamiento de la agencia de modelos que encabezaba Juárez.
“Bajo la apariencia de ser una empresa que promovía el servicio de promotoras en eventos automovilísticos, también operaba como una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, donde mujeres en situación de vulnerabilidad eran reclutadas y, en algunos casos, amenazadas para ejercer la prostitución, bajo control y dirección de sus explotadores”, planteó Piccardi.
En tal sentido, también se expuso que las promotoras que no accedían a prostituirse eran “castigadas”: no se las convocaba a futuras carreras. En cambio, se “premiaba” a quienes sí lo hacían, otorgándoles tareas más sencillas y/o mejor remuneradas, como, por ejemplo, “hacer cámara”.
Las promotoras eran nombradas de diferentes maneras, según la función que desarrollaban. Aquellas que brindaban servicios sexuales eran denominadas como “autitos” o “autos”, mientras que las que no practicaban esa actividad se las llamaba “promotoras” o “modelos”.
Juárez le presentaba a Roncayolo las promotoras que podían convertirse en “autitos”, es decir, le mostraba qué mujeres podían encontrarse sujetas a su disposición para que fuesen sometidas a la prostitución.
Explotadas hasta en casas rodantes
Desde la fiscalía señalaron que los traslados con fines de explotación se producían desde y hacia la ciudad de Buenos Aires, donde tenía asiento la agencia investigada, o bien desde el lugar de residencia de las víctimas hasta los puntos del país donde se desarrollaban las competiciones.
También se producían dentro de las ciudades, cuando las promotoras eran transportadas hacia el evento deportivo y hacia los hoteles donde serían explotadas.
En ocasiones, la explotación se daba en casas rodantes dentro de los mismos autódromos. Se detectó que las promotoras en situación de prostitución habrían participado “de al menos dos eventos” en los que habrían sido explotadas, en la ciudad uruguaya de Punta del Este y en la costa atlántica.