El sindicato afirmó que “no tienen miedo” y “resisten en defensa de las políticas públicas”. Además, definió que habrá una retención de tareas en las oficinas estatales para el primero de abril.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que ya se efectivizaron más de 10 mil despidos y llamó a un paro nacional para el miércoles 3 de abril por 24 horas. El reclamo es frente a la “amenaza” de despidos a 70.000 empleados públicos.
“Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, señaló este jueves Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital
En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a los trabajadores estatales y a los despedidos a ingresar a los organismos públicos el día del paro. Aguiar cargó contra el presidente Javier Milei y remarcó: “Nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”.
A modo de reclamo, asistirán a sus puestos laborales y planteó que “los trabajadores no tienen miedo” y “resisten en defensa de las políticas públicas”. De la misma manera, definió que habrá un paro en las oficinas estatales para el primer día hábil de abril.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general para el miércoles 3 de abril frente a la “amenaza” de despidos a 70.000 empleados públicos. El anuncio de la medida de fuerza fue comunicada este 26 de marzo bajo el título “Paro y movilización de ATE en todo el país”.
Este jueves, Aguiar profundizó cuáles son los reclamos del sector. Entre ellos se encuentran:
- Aumento salarial que supere la inflación;
- Pase a planta permanente a todos los trabajadores;
- Cese de los despidos y reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos;
- Cese de las políticas de ajuste;
- Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas;
- Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los jubilados;
- Anulación del protocolo anti-movilizaciones;
- Cese de las “políticas de amedrentamiento” hacia los trabajadores estatales;
- Anulación del DNU 70/23.