La Justicia amplió la investigación contra un vecino de Rawson acusado de envenenar a tres perros con embutidos contaminados con un potente tóxico, representando un riesgo para la salud pública.
La jueza de garantías Laura Martini autorizó la ampliación de la investigación contra Carlos Rivas, vecino de Rawson, por el delito de manejo de residuos peligrosos en combinación con crueldad animal. Rivas está sospechado de haber envenenado a tres perros mediante embutidos contaminados con un tóxico muy potente.
El hecho ocurrió el 28 de febrero, alrededor de las 21:30, en un predio de la calle Tamariscos, en el barrio La Isla. Según la investigación, Rivas habría colocado intencionalmente chorizos contaminados que fueron consumidos por dos hembras y un macho mestizos, provocando la muerte de los animales.
En su resolución, la jueza Martini subrayó la gravedad de la acción y el riesgo que representa para la salud pública, destacando los posibles peligros para las personas.
La Fiscal General Jefe Florencia Gómez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Contra los Animales, presentó las pruebas recolectadas, que incluyen pericias toxicológicas sobre restos de embutidos encontrados en el lugar, en el aparato digestivo de los perros y en recipientes incautados en la vivienda del imputado.
Los análisis realizados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro confirmaron la presencia del tóxico en todas las muestras. Gómez señaló que se trata de un insecticida de amplio espectro, extremadamente peligroso incluso en pequeñas cantidades para humanos, aves y mamíferos, y que está prohibido como agroquímico. Además, recordó que este producto ya había causado daños a cóndores andinos y otros mamíferos silvestres en el pasado.
Durante la audiencia estuvieron presentes los dueños de los animales, Mauro Martini y Mauro Díaz, representados por el abogado Romano Cominetti como querellante. Tanto la fiscal como el querellante mencionaron la existencia de filmaciones que ubican a Rivas en el lugar del hecho.
Por su parte, el defensor Pablo Sánchez se opuso a la ampliación de la investigación, alegando cuestiones de competencia y sugiriendo que el caso debería ser tratado por la Justicia de Paz. La investigación tiene un plazo aproximado de seis meses para concluirse, durante los cuales se completarán las pruebas pendientes.