La Justicia dictó la prisión preventiva de Victoria Dolores Núñez Fernández, imputada por el incendio intencional de maquinaria y camiones en la Estancia Amancay. El juez a cargo del caso ordenó su detención por un plazo de sesenta días.
La fiscal María Bottini y los procuradores de Fiscalía, Cecilia Bagnato e Ismael Cerda, expusieron en audiencia el hecho que se investiga y los elementos reunidos hasta el momento en la investigación. El martes se llevaron a cabo varios allanamientos en simultáneo. En uno de ellos fue detenida con orden judicial la imputada, Victoria Dolores Núñez Fernández. Se la investiga por el incendio de maquinaria y camiones en Estancia Amancay. La Fiscalía tiene indicios que la señalan como partícipe junto con a otras personas.
Las pericias indican que el ataque se produjo en forma simultánea, por al menos tres personas, a varios vehículos estacionados en dos sectores separados por una distancia de aproximadamente 100 mts.
El 18 de enero de 2025, entre las 00:30 y la 01:00 hs. de la madrugada, un grupo de al menos tres personas, fueron a la Estancia Amancay en una Renault Kangoo, blanca, con porta equipaje color negro en la parte superior. Estacionaron a la vera de la ruta provincial N° 71, dejando las luces encendidas, a unos trescientos metros de los galpones de la Estancia Amancay. Luego, “mediante la utilización de elementos ígneos de fabricación casera, bombas molotov u otros acelerantes”, prendieron fuego nueve vehículos: un motorhome Mercedes Benz, una retroexcavadora Randon; un camión Scania 111 con caja volcadora; un camión Mercedes Benz 1620 con caja volcadora; un camión Iveco Stralis 360 con caja lineal; una retroexcavadora y una mini retroexcavadora.
También se afectaron dos tanques de agua anti-incendio resina polietileno de alta densidad de propiedad dueño del establecimiento, una excavadora sobre orugas, marca Caterpillar 312 BL y un mini cargadora New Holland 218 L, de propiedad de la persona contratada para la realización de trabajos.
El fuego provocó “la destrucción total de estos bienes que se encontraban a escasos metros de los demás galpones, con pérdidas económicas importantes, poniendo en peligro los demás bienes existentes en el predio, maquinaria, galpones, viviendas, el medio ambiente y la vida de dos empleados que se encontraban durmiendo en cercanías del lugar del siniestro y despertaron con la explosión”, expuso Bagnato.
Cerda se refirió en detalle a la investigación realizada, las conexiones entre los indicios que fueron guiando las pesquisas, los elementos que permitieron dar con la identidad de la imputada y dar fundamento al pedido de allanamientos múltiples.
Por su parte Bottini fundamentó el pedido de la medida de coerción en base a los elementos obtenidos hasta el momento para sostener que hay probabilidad razonable de que la imputada haya participado del atentado. También se refirió al riesgo de fuga. La falta de arraigo de la mujer, sus múltiples salidas del país en el último año y medio, la gravedad del hecho, la pluralidad de partícipes y la pena en expectativa, entre otros factores contemplados. Fundamentó además el riesgo de entorpecimiento procesal y explicó por qué es indispensable el dictado de la prisión preventiva mientras se sustancian las medidas de investigación. Comprometiéndose a realizarlas con celeridad, pese a la cantidad de secuestros que deben ser peritados. La fiscal dijo que intentarán cumplir estas diligencias en un plazo de sesenta días.
La defensora pública, Valeria Ponce, se opuso a la medida. Dijo que no hay elementos suficientes para sostener que Núñez haya sido autora del hecho. Adelantó que presentará prueba de descargo para demostrar que su vehículo no estaba en el lugar el día y a la hora del hecho y que demostrará dónde y con quién se encontraba la imputada. Señaló también que ese vehículo estaba puesto al servicio de la comunidad en la que ella vive y que lo utilizaban otras personas. También sostuvo que las medidas de investigación pendientes no podrían ser interferidas con la imputada en libertad. Finalmente, para el caso en que el juez decidiera disponer una medida de coerción, pidió que sea un arresto domiciliario y ofreció un domicilio en Esquel.
La Fiscalía se opuso al arresto domiciliario, y al domicilio ofrecido, por pertenecer a una mujer vinculada a la RAM.
El juez Jorge Criado encontró suficientemente acreditada la probabilidad de autoría que requiere el Código Procesal al momento de formalizar la investigación. Coincidió con la Fiscalía en que la imputada no tiene arraigo firme en la zona y que hay probabilidad de fuga en caso de permanecer en libertad.
También se refirió al riesgo de entorpecimiento y descartó el arresto domiciliario, pero además indicó que no podría considerarse el domicilio ofrecido, por pertenecer a una mujer vinculada con una de las personas a las que se le realizó un allanamiento el día anterior, secuestrándose elementos de valor para la investigación. Finalmente dispuso la prisión preventiva por el plazo de sesenta días. La medida se cumplirá en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, a menos que la Defensa requiera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.
A pedido de la Fiscalía se dio a la causa el trámite de caso complejo.