Legisladores de LLA presentaron un proyecto para eliminar el uso de teléfonos celulares. Quieren que se vuelvan a instalar teléfonos públicos para los presos.
El plan para la fuga de presos a través de un túnel de más de 300 metros reavivó la polémica por el permiso para que los presos de Río Negro tengan acceso a teléfonos celulares. La coordinación de escapes o actividades delictivas desde la cárcel es un riesgo latente, según legisladores que quieren que se elimine el permiso.
El uso de teléfonos durante años estuvo prohibido, hasta que los presos lograron permiso de ingresar celulares, reclamando ante la Justicia porque las condenas no pueden dejarlos incomunicados con sus familias. Para que ese argumento fuese avalado por los jueces, rompían una y otra vez los teléfonos públicos de los pabellones.
Desde 2018, cuando el Servicio Penitenciario intentó sin suerte que la Justicia permitiese eliminar todos los teléfonos celulares en posesión de los presos, el uso de teléfonos en forma privada dentro de las celdas ya no tuvo vuelta atrás.
Ahora, legisladores provinciales del bloque de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para prohibir por ley que los condenados puedan tener acceso a teléfonos celulares en la cárcel. El proyecto fue impulsado por Santiago Ibarrolaza, la cipoleña Patricia Mc Kidd y César Domínguez.
“A pesar de que (el protocolo vigente) estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la norma permite la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos”, detalla el proyecto.
Desde las cárceles, los guardias aseguran que cuando hay controles o requisas por conflictos internos es común encontrar que la cantidad de teléfonos celulares es superior al número de presos.
El sistema que buscan implementar sería de llamadas telefónicas realizadas entre las 8 y las 19, con una duración máxima de cinco minutos cada una. Las comunicaciones se realizarán a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador y serían suspendidas en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito.
El proyecto presentado esta semana tiene como finalidad proporcionar herramientas a la Justicia para contener y desarticular los delitos que se cometen utilizando herramientas de comunicación desde los complejos carcelarios.
Capos narcos desde la cárcel
Los legisladores presentaron el proyecto luego del frustrado intento de fuga de uno de los líderes de la megabanda y lo fundamentaron en delitos que se cometen desde la prisión, como las estafas telefónicas.
Los legisladores de LLA aseguraron que los llamados extorsivos y las estafas telefónicas por parte de los presos “son una constante que ha ido en aumento con el paso de los años. La modificación de la “ley busca prohibir las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier tipo, así como el acceso a redes sociales e internet”.
En Río Negro, en tanto, hay antecedentes incluso más graves. Luego de años de investigación, los capos narcos Héctor Montecino y Sergio “Condorito” Dávila cumplían condenas por narcotráfico. En 2011 se les inició una nueva causa, ya que se asociaron y se las ingeniaron para mantener su imperio narco desde prisión.
Encerrados, pactaron cómo dividirse territorios y manejaban la venta de drogas en el Alto Valle dando órdenes y recibiendo informes a través de sus teléfonos celulares. En el juicio se presentaron numerosas grabaciones en las que se los escuchaba organizar el movimiento de droga con sus cómplices que estaban libres.