En el marco de la sesión desarrollada en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde se trataron las ordenanzas y modificaciones respectivas a taxis y remises y al marco de habilitaciones para su trabajo, surgieron discrepancias entre oficialismo y oposición.
Específicamente en el caso del artículo 63, respecto a las multas sobre aplicaciones como Uber y plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros por fuera del alcance de las ordenanzas municipales. Consultado sobre esto, el concejal por el PRO/Despierta Comodoro, Martín Gómez indicó que: _“En primer lugar, no existió un arreglo previo frente al artículo 63.
Se trabajó en la ordenanza y en las modificaciones pero de ninguna manera hubo un acuerdo. Pero lo más notable es que ellos tienen los votos para sacar cualquier tipo de modificación que quieran hacer y sin embargo, decidieron no hacerlo. El oficialismo hoy eligió no aprobar la modificación 63. Tenían los seis votos necesarios para hacerlo, pero ellos, por falta de decisión política, querían que se aprobara por unanimidad. Claramente, parece que frente a la falta de soluciones históricas siempre la más fácil es echarle la culpa al otro”_, sentenció. Y agregó: _“Nosotros trabajamos para facilitar la convivencia entre los distintos prestadores del servicio. Para lograrlo, como en muchas ciudades del mundo, lo que tenemos que hacer desde el Estado es mejorar las condiciones de los que ya están regulados: Desburocratizar, transparentar, bajar impuestos. No hay evidencias de que en ninguna ciudad del mundo donde se hayan aumentado las penas y los controles, el transporte de aplicaciones haya disminuido. Por el contrario, donde se liberaron cuestiones impositivas de los servicios regulados, la convivencia es mucho más amena. Por ejemplo, en la Capital Federal”_, aseguró Gómez, y ratificó _“nuestro compromiso con uno de los pedidos del sector del transporte regulado de presentar un proyecto para la disminución de la carga impositiva”_. En sesión, el concejal Pablo Bustamante se expresó en la misma línea, _“Hablaron de demagogia, yo puedo hablar de tibieza, porque los referentes de taxistas con los que nos venimos juntando nos vienen insistiendo con que desde el 2018 vienen presentando propuestas, porque hace años que están complicados, y yo desde que me senté en esta banca hice una serie de propuestas algunas de las cuales están incluidas acá, y en los primeros cien días yo fui el que convoqué a algunos de los sectores que se sentaron con nosotros”_.
Aumentar la caja y no pagar costo político
En la misma línea se expresó la concejal Gimena Borquez, la más reciente integrante del bloque, al indicar que consideran que la solución _“no está en aplicar más multas y costos, sino regular a los nuevos actores que, según indican los usuarios, son muy usados. Necesitamos un análisis profundo, consideramos por ejemplo que la carga impositiva municipal no puede ser de 40.000 a 100.000 módulos como plantea el Ejecutivo, cuando se había hablado de 12.500 a 28.000 módulos. También nos solicitaban la retención de la licencia de conducir de los choferes de aplicaciones, en caso en que sean sancionados y multados, y les explicábamos que nos asesoramos con los Jueces de Faltas y los únicos casos en los que se retira el carnet de conducir es frente a una alcoholemia, cuando se considera que el conductor no está apto para manejar_”.
_“Siempre llamamos al consenso, pero con el objetivo de beneficiar a toda la ciudadanía. Esta modificación era excesiva y no resolvía nada de fondo, se presentaba como un parche a una problemática que existe hace años, y que no han resuelto desde el Ejecutivo. Ya existían multas, nunca se hicieron los controles correspondientes y simplemente se aumentaban las penas para que el Ejecutivo pueda agrandar su caja_”, describe por su parte la concejal Ximena González, y agrega que el oficialismo proponía cuestiones excesivas, como tomar datos de pasajeros y llamarlos a testificar. _“Nosotros legislamos para toda la ciudadanía, no para un grupo. Esto se presentaba como una cacería, donde al disminuir los vehículos por aplicación los costos iban a ser más altos. El costo lo sigue pagando la ciudadanía”_, sentenció.
_“El oficialismo tenía las manos para aprobar la ordenanza pero no lo hizo, probablemente no quiso asumir el costo político. Intentar dar una solución a la comunidad que no es integral, donde los actores son varios, imponer una multa en beneficio de unos y en perjuicio de otros no resuelve el problema contemplando los intereses de todos, que es desde donde nosotros trabajamos”_, concluyó la concejal Luciana Ferreira.