Los defensores siguieron insistiendo en esa postura obligando a dilatar el inicio del debate y la ronda de los numerosos testigos previstos en el juicio oral y público por en la causa llamada “emergencia climática”.
Al fracasar la embestida del defensor Fabián Gabalachis para que sus dos clientes sean sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales, con otros argumentos los demás defensores siguieron insistiendo en esa postura obligando a dilatar el inicio del debate y la ronda de los numerosos testigos previstos en el juicio oral y público por en la causa llamada “emergencia climática”.
Para los fiscales, el Superior Tribunal de Justicia ya se expidió en que el debate se realice y que por lo tanto el juicio oral y público debe continuar. El juicio se inició el lunes pasado y su continuidad ha tenido varios cuartos intermedios para que el Tribunal delibere ante los variados y numerosos planteos con un solo objetivo, que realizaron los abogados defensores de los imputados.
En el inicio del debate el tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino dieron a conocer la resolución que había merecido el cuarto intermedio del lunes pasado. El defensor de dos de los imputados, Fabián Gabalachis, insistió con la impugnación. Para los fiscales la resolución que se acababa de escuchar no podía ser impugnada de manera ordinaria, porque lo planteado por los defensores “no puede ser equiparado a una sentencia, que sí puede ser impugnada”.
El querellante Eduardo Conde (Oficina Anticorrupción), dijo que la intención de los defensores es “dilatar” intencionalmente los plazos procesales “porque las impugnaciones ya fueron resueltas, entonces parece que se trata de impugnar por la impugnación misma”.
Funcionarios y comerciantes
Se trata del juicio oral que tiene como imputados a 12 personas entre funcionarios provinciales y comerciantes por –presuntamente- haber realizado una maniobra para crear expedientes de compras falsos, sin que exista contraprestación en los entrega de los elementos pero con pagos que en total superaron los 15 millones de pesos de dineros públicos que –a criterio de los fiscales investigadores- fueron a parar a los bolsillos de los ahora sentados en el banquillo de los acusados. En otros casos también que forman parte de la investigación, los elementes de ayuda se adquirieron pero con marcados sobreprecios.
Las maniobras investigadas, se realizaron con fondos del Estado provincial dispuestos en situación de emergencia, debido a las graves condiciones climáticas que sufrió la población de Comodoro Rivadavia afectada por un temporal de lluvia y viento que por varios días afectó a esa ciudad entre marzo y abril del año 2017.
La insistencia de otros defensores
Omar López dijo que “se está violando los derechos de los imputados al realizar un juicio oral sin plazos procesales” y que de proseguir con el debate “corremos el riesgo de que todo sea nulo de nulidad absoluta”, pidiendo que la continuidad del juicio se suspenda y que su continuidad “sea un decisión del Superior Tribunal de Justicia”. López defiende al comerciante Bruno Taurelli Chiribao A estos argumentos se sumó el defensor oficial Migue Moyano, que defiende a Marcelo Suárez que fuera parte de la conducción del Ministerio de la Familia al momento de los ilícitos investigados. Sumó jurisprudencia y otros fallos en favor de su postura. “Cualquier recurso tiene efectos suspensivos”, dijo de manera tajante para concluir también en que se suspenda el juicio.
Lo mismo hicieron los defensores Damián D’Antonio (defiende a las comerciantes Cecilia Sadaba y Marta Fracasso y Javier Romero, defensor de la ex ministro de familia Leticia Huichaqueo. Insistiendo con los argumentos anteriores y sumando nuevos matices, el defensor oficial Lisandro Benitez (asiste al ex integrante de la Unidad Gobernado Diego Lüters) también pidió la suspensión del juicio.
-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, sede Rawson)