Se trata del caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Se inició esta mañana la primera de las nueve audiencias que encabezará el fiscal federal Diego Luciani en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros 12 acusados en el caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras el retiro de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el expediente, el impulso del caso quedó solo en manos de la fiscalía.
En ese contexto el fiscal Luciani inició este lunes su alegato en la causa y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta. Además fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la «profusa prueba» producida durante el debate.
«Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz», disparó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2. «Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares» y que tuvo «en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos», argumentó el fiscal.
Luciani agregó que «al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país», con «ausencia absoluta» de controles.
Luciani se había manejado con mucho hermetismo sobre el contenido de su alegato. Había estado durante toda la feria preparando el escrito, junto a Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora.
En base a las pruebas que acumula el voluminoso expediente, expuestas a lo largo del juicio oral, el fiscal fundamentará su pedido de condenar o absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de exfuncionarios nacionales y provinciales que participaron de la adjudicación de contratos de obra pública.
La presunción es que Luciani pedirá una pena para la vicepresidenta, teniendo en cuenta su perfil. “Un duro, pero de bajo perfil”, dicen en las oficinas de Comodoro Py.
Luciani forma parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
Hace dos semanas la exmandataria publicó un video donde aseguró que su condena “estaba escrita” al considerar que existe una persecución judicial.
El alegato del fiscal llega después de que la expresidenta publicara un extenso video vinculando al macrismo con el Poder Judicial y asegurando que se trata de una persecución contra su persona y otros dirigentes. En esa publicación aseguró que su condena “estaba escrita” en relación a que, en caso de ser acusada, estima que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, considerarán probadas las acusaciones.
La audiencia se lleva a cabo por videoconferencia, sistema que se utiliza en el juicio desde agosto de 2020 por la pandemia del coronavirus. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le dio a Luciani nueve audiencias para alegar. El fiscal ya adelantó que utilizará todas. Serán los lunes, martes y viernes. Así, la exposición del fiscal durará tres semanas.
La vicepresidenta está presente hoy a través de la plataforma de conexión, como había hecho en el alegato de la UIF. En esta etapa del proceso los acusados deben estar presentes.
Abogados de los acusados conocen en Comodoro Py el trabajo del fiscal en otros juicios por corrupción, como por ejemplo contra la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, al extitular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián, y por la importación ilegal de efedrina. En todos pidió condena.
En las filas del kirchernismo aseguran que se trata de una persecución a Cristina Fernández, a quien la Corte Suprema le rechazó los planteos realizados, y que el objetivo final es la “proscripción” para cerrarle el camino electoral en 2023. La condena, además de otras decisiones, incluirá sin lugar a dudas la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanentemente.
Con este argumento es que se proyecta un eventual corrimiento de la vicepresidenta para una nueva compulsa, sin embargo, para que algo así ocurra la condena debe quedar firme y eso incluye su paso por, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo a lo publicado por medios nacionales, los jueces del TOF2 buscan llegar a un veredicto antes de fin de año, pero los fundamentos que son los que habilitan las instancias posteriores, recién se conocerían durante el año próximo y si existe una solicitud para que sean revisadas en Casasción y por la Corte, los tiempo regulares de estos tribunales aseguran que la decisión final no llegaría hasta después de que se complete el cronograma electoral.
En el video que la expresidenta publicó, el pasado 18 de julio, criticando al Poder Judicial dedica un capítulo a su imputación. Señaló que hubo un “aval anticipado” para “la condena” que “ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”. Y también agregó que la causa se avanzó “con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales”.