Es el delegado de Infraestructura en la cordillera. Hubo allanamientos: secuestraron documentación y computadoras.
La División Policial de Investigaciones de Esquel, a cargo del comisario Nelson Díaz, allanó el edificio de la Delegación Regional Esquel de la Subsecretaría de Obras Públicas en 9 de Julio y Pasteur, que depende del Ministerio de Infraestructura. El objetivo fue secuestrar documentación y soportes electrónicos de almacenamiento de datos de la oficina del delegado del área (habría renunciado), Edgardo Campos, como también hubo una requisa similar en su domicilio particular.
Se trata de la causa que investiga el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, con relación a la intoxicación masiva de alumnos y docentes con monóxido de carbono en la Escuela N° 7.719, cuyo edificio comparte con la escuela primaria 93, en el paraje Buenos Aires Chico, El Maitén, el 22 de junio. En simultáneo, se allanó la Delegación de la Comarca Andina con domicilio en El Hoyo, de Obras Públicas.
El jefe de la DPI, Díaz, cuando finalizaban las diligencias cerca del mediodía, informó en Cadena Tiempo que el operativo comenzó temprano por orden del fiscal Rodríguez en Trelew.
Acerca del personal de la Delegación Regional de Obras Públicas, el Jefe de Investigaciones en Esquel explicó que como al ingresar al edificio ya tenían determinados los elementos a secuestrar, no hubo impedimento para que la repartición siguiera funcionando con normalidad.
“Las obras estaban direccionadas de manera intencional para que sean realizadas siempre por la misma persona. Podríamos estar en la presencia de un delito. Trabajamos para individualizar a los responsables”, explicó el fiscal Rodríguez.
“Surge a primera vista que hay personas que se repiten como participantes de las distintas obras. Siempre son los mismos proveedores, nunca se presentaron las ofertas correspondientes, y siempre fueron beneficiado los mismos”.
El principal apuntado es el responsable de Obras Públicas en Esquel. El fiscal adelantó que sobre agentes provinciales puede caber la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario”, pasando por una “negociación incompatible” y “fraude a la administración pública”.
Se buscó “documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la Dirección Regional de Obras Públicas en su sede de Esquel, con la persona que había sido denunciada por el gobernador, que había participado en la escuela de El Maitén”.
En el marco de las primeras pesquisas “surgieron otros elementos por lo que necesariamente tenemos que profundizar la investigación en esa línea”. A partir de la documentación secuestrada en Infraestructura y Educación, “surgen a primera vista cuestiones que llaman la atención y que constituyen indicios más que razonables de que podíamos estar en presencia de delitos. Además algunas testimoniales que tomé, de personas oriundas de la Cordillera, motivó la ampliación del objeto de investigación y necesito profundizar la investigación a los fines de determinar la existencia del delito e individualizar a los responsables”, afirmó el fiscal.
“Surge a primera vista que hay personas que se repiten siempre como participantes de las distintas obras, hay invitaciones que siempre son los mismos proveedores que nunca presentan la oferta y siempre terminan beneficiados los mismos. Se presume que las obras están direccionadas de manera intencional para que sean realizadas por determinadas personas”, adelantó Rodríguez.
En cuanto a los delitos que se estarían cometiendo, el fiscal deslizó que aún hay “profundizar, pero podemos estar hablando de mínima de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasando por una negociación incompatible, y también puede ser fraude a la Administración Pública si constato que ocasionó un perjuicio concreto a las arcas del Estado”.
Durante los allanamientos, Campos, quien habría renunciado al cargo de delegado de Obras Públicas el jueves, fue asesorado por el abogado Juan Zapata, que también representa a las directoras de las Escuelas 7.719 y 93 de El Maitén.
En Cadena Tiempo el letrado recordó que en el caso intervienen por un lado el Ministerio Público de El Hoyo, atendiendo las consecuencias de salud del episodio, y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública Provincial, que ordenó los allanamientos.
“Se están investigando los posibles delitos contra la administración pública, y secuestraron expedientes relacionados con la contratación de dos obras en hospitales, y en algunas escuelas”, señaló Zapata.
En su caso acompañó a Edgardo Campos, para observar que los procedimientos se hicieran bien, y con miras a la eventual necesidad de algún planteo en el expediente. “Colaboró gentilmente y se llevaron varios expedientes, porque la investigación apunta a las contrataciones de obras, si fueron directas o de otra manera”, afirmó. “Varias contrataciones directas se hicieron desde el Ministerio de Educación”.
En lo que hace a Obras Públicas, indicó que a veces hay continuidad por parte de empresas que están ejecutando trabajos en algún establecimiento, y son convocadas para atender alguna urgencia. “Este es el inicio destapando una olla en la que van a encontrar muchas sorpresas en cuanto a las contrataciones de Educación, y espero que no se corte el hilo por lo más fino”.
En este escenario, el fiscal Rodríguez busca establecer la participación del director regional en Cordillera del Ministerio de Infraestructura, en las contrataciones que se hicieron desde esa oficina a la misma empresa para distintas obras en edificios públicos, entre ellos la escuela que debió ser evacuada.
Se allanaron también las oficinas de empresas que aparecían en los concursos de precios. Se secuestró gran cantidad de documentación como también teléfonos y soportes digitales de almacenamiento, además de computadoras.