Con 47 testigos y pruebas de ADN incorporadas, el asesinato del joven de 21 años ya lleva dos años si un cierre definitivo para la familia.

A punto de cumplirse dos años del trágico hecho que le costó la vida a Maximiliano Andrés Cifuentes en el barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, su madre, Bárbara Luciana Sarmiento, alzó la voz para denunciar una injustificada morosidad en el sistema judicial que mantiene el expediente paralizado y sin fecha de juicio oral.
El episodio se registró el 1 de enero de 2025, cuando el joven de 21 años —padre, hijo y hermano— fue apuñalado en la zona norte de la ciudad y falleció en el trayecto hacia el Hospital Alvear. Desde entonces, el proceso penal avanzó en su etapa de instrucción hasta que, el 27 de junio de 2025, la causa quedó formalmente lista para debate. El Ministerio Público Fiscal formuló la acusación contra Roberto R. como presunto autor del delito de homicidio simple, solicitando una pena superior a los 20 años de prisión en base a un sólido abanico probatorio que incluye 47 testigos, registros fílmicos, pericias científicas y análisis de ADN.
Sin embargo, pese a que la notificación de elevación a juicio se cumplimentó el 24 de abril de 2026 y la última audiencia de revisión de prisión preventiva tuvo lugar el 11 de septiembre, la familia atraviesa un calvario de más de dos meses de absoluto silencio institucional. En este sentido, la madre de la víctima remarcó que esta demora excede la mera dilación procesal, convirtiéndose en una fuente constante de revictimización que destruye su salud psíquica, altera sus vínculos cotidianos e impide la elaboración del duelo.
El reclamo apunta directamente hacia la Oficina Judicial, a la cual se le exige la urgente fijación del debate y la puesta en marcha de los mecanismos para la selección de jurados populares. La preocupación se acrecienta ante la inminencia de las festividades de fin de año y el receso estival de enero de 2027, un escenario que podría estirar la agonía procesal por tiempo indefinido y poner en riesgo la vigencia de las medidas cautelares sobre el imputado.
