El violento episodio en un domicilio particular se habría originado como represalia por el hostigamiento a la hija de uno de los imputados. Pese a las graves lesiones, la jueza rechazó la prisión preventiva y la fiscalía apeló.
En el transcurso de este mediodía se concretó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en el marco de una causa que conmocionó a la comunidad por el grado de violencia desplegado. El proceso judicial tiene como principales imputados a los hermanos Nicolás S. y Luciano S., quienes debieron responder ante la magistrada interviniente por los graves hechos registrados en un domicilio particular.
La audiencia estuvo presidida por la jueza penal Lilian Borquez, en tanto que el Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano. Por su parte, la defensa técnica de los hermanos estuvo a cargo de las abogadas Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo.
De acuerdo con la exposición fiscal, el episodio se desencadenó el pasado 11 de noviembre, cerca de las 22:00 horas, cuando la víctima acudió al domicilio de Nicolás S. Una vez en el interior, ambos sujetos arremetieron físicamente contra el damnificado con el propósito de obligarlo a desbloquear su teléfono celular. La agresión escaló en violencia e incluyó golpes con un trozo de madera, heridas cortantes provocadas con un arma blanca, la inmovilización con sogas, intentos de ahorcamiento y la colocación de una bolsa en la cabeza para simular asfixia. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió politraumatismos, hematomas severos y la fractura del brazo izquierdo, lesiones calificadas provisoriamente como graves.
La intervención policial se originó gracias al llamado de un vecino que escuchó los gritos y alertó a las fuerzas de seguridad. Los efectivos que acudieron al lugar corroboraron la escena en situación de cuasi-flagrancia y procedieron a la aprehensión de los implicados.
Durante el debate judicial, la fiscalía solicitó la declaración de legalidad de las detenciones, la formalización por el delito de secuestro coactivo y el dictado de prisión preventiva por el plazo de seis meses, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal. En contraposición, la defensa planteó la nulidad absoluta de las actuaciones por presunta violación a la garantía de domicilio y falta de autorización judicial previa en el ingreso policial, solicitando la libertad de sus asistidos bajo argumentos de arraigo familiar y estabilidad laboral.
Al resolver, la jueza penal dispuso la apertura de la investigación preparatoria bajo la calificación legal de privación ilegítima de la libertad, rechazando la figura de secuestro coactivo pretendida por la acusación pública. Asimismo, desestimó el pedido de prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata de ambos imputados, supeditada al cumplimiento estricto de la prohibición de acceso y acercamiento a la víctima, mientras que los planteos de nulidad defensiva serán debatidos en una próxima audiencia de incidentes. Ante este fallo, el Ministerio Público Fiscal interpuso formal recurso de apelación, por lo que este sábado se llevará a cabo una nueva audiencia de revisión ante dos jueces distintos.