La causa se originó por la presunta caza ilegal de guanacos en un campo de la zona y el secuestro de carne y armas de fuego sin autorización. El juez penal Alejandro Soñis formalizó la apertura de la investigación.
La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA) de Comodoro Rivadavia llevó adelante una audiencia de apertura de investigación contra cinco imputados por presuntos hechos de caza furtiva, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento en la localidad de Camarones.
La audiencia se realizó el jueves, pasado el mediodía, en la Oficina Judicial del barrio Roca. Los imputados son Héctor Frintt, Rogelio Contreras, Karen Gacitua, Guillermo Bonicatto y Javier Sardon.
Según expuso la Fiscalía, la investigación se inició por un hecho ocurrido el 21 de octubre de 2025, cuando Héctor Frintt, empleado policial, habría ingresado sin autorización al campo La Ernesta, ubicado en las afueras de Camarones, y cazado al menos un guanaco durante la época de veda. De acuerdo con la acusación, el animal fue dejado sobre el capot de un vehículo.
La conducta investigada se habría extendido hasta el 30 de marzo de 2026, en diferentes días, horarios y sectores cercanos a la localidad. Además, durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron dos armas de fuego con miras telescópicas que no contaban con la correspondiente autorización legal.
La investigación también alcanzó a otras personas por la presunta recepción de carne de guanaco proveniente de la caza ilegal. En el caso de Rogelio Contreras, la Fiscalía sostuvo que habría recibido 71,145 kilos de carne entre octubre de 2025 y abril de 2026, además de tener a su disposición un fusil de uso civil con mira telescópica sin autorización.
Por su parte, Karen Gacitua, también empleada policial, habría recibido 123 kilos de carne de guanaco. La totalidad del producto fue secuestrada e incinerada, luego de los informes veterinarios correspondientes.
En cuanto a Guillermo Bonicatto, durante los procedimientos se secuestró una carabina calibre 22 en su domicilio y otra arma del mismo calibre que entregó voluntariamente durante un allanamiento en la estancia La Ernesta, donde se desempeña como encargado. Ninguna contaba con la documentación legal correspondiente.
Finalmente, en un procedimiento realizado en el domicilio y comercio de Javier Sardon, en la carnicería El Faro de Camarones, se secuestró un revólver marca Tala calibre 22, que tenía bajo su custodia sin inscripción en el RENAR ni autorización como legítimo usuario.
Las imputaciones y la resolución judicial
La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como caza furtiva, en infracción a la Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, y tenencia ilegal de armas de fuego para Frintt. A Contreras se le atribuyeron los delitos de tenencia de arma de uso civil condicional y encubrimiento por receptación; a Gacitua, encubrimiento por receptación; a Bonicatto, dos hechos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, y a Sardon, tenencia ilegal de arma de fuego.
Durante la audiencia, el defensor oficial de Sardon, Alejandro Varas, no se opuso a la apertura de la investigación y manifestó que su asistido tenía intenciones de declarar.
En tanto, el defensor particular Diego Cruceño, quien representa a cuatro de los imputados, cuestionó la acusación contra Gacitua y Contreras al considerar que no estaban dados los elementos para atribuirles el delito de encubrimiento.
Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis consideró que la Fiscalía había presentado elementos suficientes para avanzar con la investigación y resolvió formalizar su apertura contra los cinco imputados. De esta manera, quedaron notificados de los hechos atribuidos y de las calificaciones legales provisorias, con sus respectivas defensas técnicas aseguradas.