Tras el rechazo a sus planteos judiciales, Gabriela Vanesa Torres afrontará un nuevo debate por el faltante de dosis que terminaron en manos de dirigentes gremiales durante la emergencia sanitaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto los planteos presentados por la defensa de la enfermera Gabriela Vanesa Torres y confirmó que la mujer deberá ser sometida a un nuevo juicio oral por la sustracción de vacunas contra el coronavirus en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo con la investigación penal, los hechos ocurrieron entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria mundial. La profesional habría sustraído un lote de 30 dosis de la vacuna Sputnik V que estaban destinadas exclusivamente al personal de salud y a grupos de alto riesgo, para ser aplicadas de manera clandestina a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros en Chubut.
El recorrido judicial del expediente registró diversas resoluciones en los tribunales federales:
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Procesamiento e imputación: Tras la instrucción de la causa a cargo del Juzgado Federal local, la fiscalía modificó la calificación inicial de encubrimiento y acusó formalmente a la imputada por el delito de hurto.
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Absolución en primera instancia: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió a la enfermera al considerar que la variación de la figura penal afectó su derecho de defensa.
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Fallo de Casación: La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento al entender que la descripción de los hechos imputados se mantuvo inalterada desde el inicio del proceso.
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Resolución del máximo tribunal: La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, rechazando la existencia de un doble juzgamiento y dejando firme la orden de realizar un nuevo debate.
La causa principal ya cuenta con resoluciones respecto a otros involucrados. Marcos Paura, colaborador de la obra social gremial, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo, mientras que la enfermera Analía Muñoz recibió una pena de tres años de prisión por facilitar las dosis. Asimismo, la Cámara de Casación revocó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba que se les había concedido a los afiliados receptores del lote, ordenando que también sean juzgados en debate oral.