El fiscal jefe Martín Cárcamo formalizó la acusación contra la hermana del diputado provincial Gustavo Fita y otras cuatro mujeres. La Fiscalía sostiene que la maniobra damnificó al menos a 594 personas y generó un perjuicio superior a los 60 millones de pesos. A la principal acusada le atribuyen haber ideado el engaño mediante falsas promesas de adjudicación de viviendas.
El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación pública contra Vanesa Elisabeth Fita y otras cuatro mujeres en la causa que investiga una presunta estafa vinculada a la falsa adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia. El fiscal jefe Martín Cárcamo confirmó que solicitaron que las responsabilidades penales de las acusadas sean determinadas mediante un juicio por jurados.
Vanesa, hermana del diputado provincial de Chubut Gustavo Fita, está señalada por la Fiscalía como la principal responsable de la maniobra. Según la acusación, entre abril de 2023 y febrero de 2024 habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa habitacional, además de invocar supuestos vínculos con funcionarios públicos para ofrecer el acceso a viviendas construidas o próximas a construir por el IPV, sin contar con autorización legal para hacerlo.
En declaraciones sobre el avance de la causa, Cárcamo explicó que la investigación permitió identificar al menos 594 personas damnificadas y movimientos de dinero superiores a los 60 millones de pesos. La maniobra habría consistido en exigir un pago inicial de 100.000 pesos y posteriores cuotas a quienes buscaban acceder a una vivienda.
Una vez que realizaban los pagos, los interesados eran incorporados a grupos de WhatsApp en los que recibían información y participaban de reuniones informativas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos mecanismos permitían sostener el engaño y mantener las expectativas de una futura entrega de viviendas.
Una investigación con 700 gigabytes de información
Cárcamo detalló que el Ministerio Público Fiscal reunió alrededor de 700 gigabytes de información digitalizada, que incluye documentación bancaria, datos extraídos de teléfonos secuestrados durante allanamientos y comunicaciones vinculadas con la presunta maniobra.
Además, se recibieron 80 denuncias de personas damnificadas, que aportaron registros de conversaciones, comprobantes y otros elementos relacionados con el modo en que habrían sido contactadas.
El fiscal indicó que pudieron acreditar de manera específica alrededor de 400 maniobras mediante comprobantes de depósitos y transferencias cotejados con los movimientos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Durante la investigación también se levantó el secreto fiscal de las personas sospechadas y se solicitó información al Instituto Provincial de la Vivienda para determinar su vinculación con el organismo. Según precisó Cárcamo, la hipótesis sobre una eventual participación de funcionarios públicos fue descartada durante la investigación.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que las acusadas no contaban con capacidad económica para desarrollar el emprendimiento habitacional y que, según los datos obtenidos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no registraban actividades económicas formales durante el período investigado, pese a las importantes sumas de dinero que circularon por sus cuentas.
Qué responsabilidad le atribuyen a cada acusada
La acusación establece distintos grados de participación para las cinco mujeres investigadas. A Vanesa Fita se le atribuye la autoría de la presunta estafa mediante calidad simulada e influencia mentida, en al menos 594 hechos en concurso real.
Según explicó Cárcamo, la Fiscalía considera que Fita habría ideado la maniobra y que las otras cuatro mujeres realizaron aportes necesarios para concretarla.
Las imputaciones detalladas por el fiscal son las siguientes:
- Vanesa Elisabeth Fita: al menos 594 hechos, en calidad de autora.
- Lucía Lorena Miranda: al menos 130 hechos, como partícipe necesaria.
- Gisela Belén Mancilla: al menos cuatro hechos, como partícipe necesaria.
- Lara Camila Páez: al menos 300 hechos, como partícipe necesaria.
- María Victoria Curán: al menos 400 hechos, como partícipe necesaria.
La calificación legal y la cantidad de hechos atribuidos a cada una forman parte de la acusación fiscal y deberán ser discutidas en las siguientes etapas del proceso.
Cómo seguirá la causa
Tras la presentación de la acusación pública, corresponde que se dé traslado a las defensas y se designe al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, instancia en la que se analizará la acusación antes de avanzar hacia el debate oral.
La fecha del juicio por jurados todavía no está definida y dependerá de los próximos pasos procesales y de la Oficina Judicial.
Consultado sobre las posibles penas, Cárcamo señaló que, como estimación provisoria, la Fiscalía considera que para Fita y las acusadas con mayor participación podrían corresponder penas de cumplimiento efectivo. La determinación dependerá de lo que se resuelva durante el proceso.
En cuanto a la posibilidad de que las personas damnificadas recuperen el dinero, el fiscal explicó que, si se determina la responsabilidad penal, podrán reclamar los daños y perjuicios correspondientes. Sin embargo, advirtió que los fondos habrían sido distribuidos o utilizados poco después de ingresar a las cuentas investigadas.
Como dato sobre la situación patrimonial, indicó que, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó información sobre los más de 60 millones de pesos involucrados, quedaban menos de 100.000 pesos disponibles.
La acusación formal marca un avance en una de las investigaciones por presuntas estafas vinculadas al acceso a viviendas que involucra a cientos de vecinos de Comodoro Rivadavia. Ahora, la causa deberá atravesar las instancias previas al juicio, en el que se determinarán las responsabilidades penales de las cinco acusadas.