Conadu y Conadu Histórica iniciarán este miércoles una nueva medida de fuerza para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan actualizar los salarios docentes.
Los sindicatos universitarios retomarán este miércoles las medidas de fuerza con un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el viernes y tendrá como eje central el reclamo por una recomposición de los salarios del personal de las universidades nacionales.
La medida fue definida por Conadu y Conadu Histórica (Conaduh), que exigen al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la legislación aprobada por el Congreso y con las resoluciones de la Justicia vinculadas a la actualización de los haberes universitarios.
Según sostienen las organizaciones gremiales, las sentencias judiciales establecen una recomposición salarial del 33,4% sobre el último salario percibido y, posteriormente, la actualización de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses siguientes.
El paro comenzará además el mismo día en que vence el plazo otorgado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 al Gobierno nacional para cumplir con una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La cautelar y el reclamo salarial
El pasado 21 de septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde los gremios interpretan que la resolución exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la recomposición salarial y las becas universitarias.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada el 2 de octubre de 2025. Las organizaciones sindicales cuestionan que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, el Poder Ejecutivo no haya implementado las disposiciones reclamadas por el sector universitario.
La medida cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025, luego de un amparo colectivo presentado por representantes del CIN y distintas universidades. El planteo judicial cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
Posteriormente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar. En su resolución, señaló que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho planteado por los representantes universitarios y advirtió sobre los posibles perjuicios derivados del incumplimiento.
El paro de 72 horas se presenta así como una nueva instancia de presión por parte de los sindicatos universitarios, en la antesala de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre y convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA), el CIN y organizaciones gremiales.