La Ley 27.801 reemplaza el esquema vigente desde 1980 e incorpora penas alternativas, aunque desde el sector judicial advierten por la falta de infraestructura y recursos iniciales.
A partir de las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil. La Ley 27.801 deroga el marco normativo dictado en 1980 y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo que los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal sean sometidos a un proceso judicial y reciban sanciones de cumplimiento efectivo.
El cambio estructural busca fomentar la responsabilidad de los jóvenes sobre sus actos mediante un esquema que contempla medidas pedagógicas y de resocialización. Para los casos donde los delitos no hayan derivado en muerte o violencia física grave, la ley prevé un abanico de penas alternativas al encierro. Entre ellas se destacan el dictado de amonestaciones, el trabajo comunitario, la reparación del daño a las víctimas, restricciones de acercamiento y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
En cuanto a las condenas privativas de la libertad, la normativa prohíbe de forma taxativa la prisión perpetua y fija un límite máximo de 15 años de pena, habilitando la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la sentencia. Los menores punibles deberán ser alojados en institutos especializados o bajo la modalidad de arresto domiciliario, quedando estrictamente vedada la convivencia con la población carcelaria adulta. Asimismo, la reforma introduce la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos y crea la figura del supervisor para efectuar el seguimiento de cada caso.
A pesar de la asignación presupuestaria de $23.739 millones votada por el Congreso, la puesta en marcha de la reforma encendió alarmas en el ámbito judicial. Integrantes del fuero advirtieron sobre la falta de disponibilidad de pulseras electrónicas para menores, la demora en la designación de los supervisores y la ausencia de un protocolo unificado para los magistrados, dificultades a las que se suma el desafío de coordinar la norma nacional con los códigos de procedimiento de las distintas provincias.