La modificación reduce del 30% al 10% la diferencia admisible entre el presupuesto oficial y las ofertas de las empresas, y establece que cualquier excedente deberá ser debidamente fundamentado para avanzar con la adjudicación.
El proyecto fue presentado sobre tablas por Omar Lattanzio (PLICh) y acompañado por todos los arcos políticos. La modificación disminuye la diferencia admisible entre los presupuestos oficiales y los que presenten las empresas oferentes para avanzar en una adjudicación, bajando el actual 30% al 10%.
El objetivo central es “contribuir a los controles y al cumplimiento de los principios de razonabilidad, legalidad, publicidad, transparencia y buena administración que debe regir la contratación pública” según rezan los fundamentos del proyecto que fue presentado sobre tablas en la sesión ordinaria de esta tarde, y que resultó aprobado con los votos de los 12 concejales.
Con cuestionamientos a los mecanismos de contratación realizados desde la cartera de Obras Públicas, se informó que más del 50% del presupuesto anual de ese área fue ejecutado mediante la modalidad de Concurso Privado de Precios, un mecanismo que debe ser “excepcional y expedito para atender determinadas contrataciones”, mientras que durante los años 2025 y 2026 no se realizaron licitaciones públicas, procedimiento que “promueve la competencia entre oferentes, optimizar el uso de los recursos públicos fortalecer transparencia y fomenta la participación del sector privado en condiciones de igualdad”
En ese contexto, los Concejales definieron -entre otras medidas de control – que cuando una adjudicación supere en más de un 10% el presupuesto oficial, el dictamen y el acta de pre adjudicación deberá contener como condición excluyente para su admisión, una fundamentación clara de las razones técnicas, económicas, financieras y de interés público que justifiquen la conveniencia de la adjudicación, acreditando la razonabilidad de la diferencia entre el presupuesto oficial y la oferta recomendada.
Lattanzio afirmó que hay valores en las contrataciones de obra pública “que están fuera de toda lógica”, y que, a pesar de los retirados pedidos desde el Concejo, la cartera de referencia no eleva los expedientes solicitados. “Voy a reiterar el pedido una vez más, y en caso de no tener respuesta, voy a aplicar el artículo 75 con el que se puede convocar al intendente o los secretarios e interpelarlos” subrayó.
Cabe señalar que no este no fue el único reclamo parlamentario para el área. De hecho, se aprobó -también por unanimidad – una comunicación al Poder Ejecutivo Municipal para que el secretario de obras públicas mantenga reuniones periódicas con vecinalistas, y concurra a las convocadas por el Concejo.
Readecuación del boleto de colectivo
Durante la sesión de esta tarde tomó estado parlamentario el proyecto de readecuación tarifaria del servicio de transporte que impulsa el ejecutivo municipal. El mismo fue derivado a todas las comisiones parlamentarias, donde comenzará a ser analizado a partir de la semana próxima, y deberá atravesar un proceso de doble lectura y convocatoria a audiencia pública.