Se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Luis Damián Uribe, quien fue imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra. El juez penal Alejandro Soñis resolvió declarar legal su detención y dictar la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, tal como lo había solicitado la fiscalía.
El caso está a cargo del fiscal general Martín Cárcamo, mientras que la acusación en la sala fue sustentada por el funcionario de fiscalía Alan Larrue. Por su parte, la defensa del imputado estuvo representada por el defensor público Alejandro Varas.
Según expuso el funcionario Larrue, el hecho ocurrió el pasado miércoles 3 de junio alrededor de las 21:30 horas. En el marco de un operativo de control vehicular llevado a cabo por la División de Drogas y Leyes Especiales, junto a fuerzas federales por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), se interceptó el rodado en el que se desplazaba Uribe.
Al proceder a la requisa del vehículo, el personal policial divisó un arma de fuego: una pistola marca Browning 9mm High Power, cargada con 13 cartuchos a bala. Al constatar que el imputado carecía de la acreditación legal para su tenencia y portación, se procedió a su inmediata detención. La fiscalía calificó el hecho provisoriamente bajo la figura de “portación ilegal de arma de fuego de guerra” en calidad de autor y solicitó un plazo de 6 meses para concluir la investigación.
Argumentos de las partes: Peligros procesales vs. Cuestionamientos de la defensa
Al momento de solicitar la medida de coerción, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la prisión preventiva de Uribe por 4 meses, fundamentando la existencia de riesgos procesales:
Peligro de fuga: Larrue señaló que, de ser hallado culpable, la pena será de cumplimiento efectivo debido a los antecedentes penales del imputado. Asimismo, destacó su comportamiento evasivo en otros procesos judiciales, la gravedad del hecho y que carece de un domicilio fijo, habiendo sido difícil de ubicar en el pasado.
Peligro de entorpecimiento: Se argumentó que la libertad del imputado podría influir negativamente sobre los testigos de la causa.
La postura de la defensa: El defensor público Alejandro Varas se opuso firmemente a los pedidos de la fiscalía. Cuestionó la legalidad de la detención argumentando que “la legalidad de los controles es que sean generalizados y no individuales”. Además, rechazó la apertura de la investigación sosteniendo que “no hay elementos para imputarle el hecho a Uribe, la portación ilegal del arma por el lugar en que se encontró la misma”. Finalmente, negó los peligros procesales y sugirió que, de ser necesario, el riesgo de fuga se podía mitigar con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.
Tras escuchar a las partes, el juez penal Alejandro Soñis rechazó los planteos de la defensa y convalidó la actuación policial y fiscal. El magistrado declaró legal la detención, argumentando que la requisa vehicular fue debidamente autorizada por una jueza federal competente en el marco del operativo antidrogas.
Asimismo, Soñis consideró que la fiscalía aportó la evidencia suficiente para dar inicio formal a la investigación y resolvió dictar la prisión preventiva de Luis Damián Uribe por el término de 4 meses, coincidiendo en la gravedad del hecho y la vigencia de los peligros de fuga y entorpecimiento.