Tras concluir la audiencia de control de detención de los hermanos Serrano por el homicidio de Mariana Calfuquir, el fiscal Ariel Corredera dialogó con la prensa y brindó detalles sobre la imputación, los plazos legales y el complejo panorama que enfrenta la fiscalía debido al temor de los testigos.
El funcionario judicial confirmó que ambos imputados permanecerán bajo prisión preventiva, Mayco 6 meses y Julio 2 meses, mientras se desarrolla el proceso legal.
Imputaciones diferenciadas para los hermanos
El fiscal Corredera detalló que las calificaciones asignadas a los acusados son de carácter provisional y responden al rol que cada uno habría tenido en el hecho:
Mayco Serrano: Enfrenta la acusación de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (en relación con la víctima de apellido Uribe) y en grado de consumación por el asesinato de Mariana Calfuquir. Mayco admitió en su declaración haber efectuado los disparos, aunque brindó una versión de los hechos que difiere de la hipótesis fiscal.
Julio Serrano: Está imputado como partícipe necesario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, respecto a la víctima Uribe. No obstante, el fiscal aclaró que tras una rectificación técnica solicitada durante la audiencia, la calificación o el tipo de participación de Julio podría sufrir modificaciones.
El móvil: una deuda de dinero y un contexto de temor
Al ser consultado sobre los motivos del crimen, el fiscal precisó que existía un conflicto previo por una deuda de dinero que uno de los hermanos Serrano mantenía con Uribe. Este último se presentó en el domicilio de los acusados para reclamar el pago, lo que desató una confrontación verbal que escaló rápidamente a una agresión con armas de fuego.
“En esa balacera, Uribe recibió un disparo en el lateral izquierdo de su cuerpo y Mariana Calfuquir terminó recibiendo un impacto en la cabeza que le costó la vida”, relató el fiscal.
Respecto a la vinculación de la deuda con un presunto tema de drogas, Corredera señaló que es una línea de investigación abierta, pero que aún no cuentan con una “acreditación objetiva” sobre el trasfondo de dicho dinero. Además, reveló que Uribe no ha colaborado con la causa y se desconoce su paradero actual.
Próximos pasos y posibles penas
La justicia otorgó un plazo de seis meses para culminar la investigación, periodo en el cual se realizarán entrevistas pendientes y una serie de pericias científicas a cargo del equipo multidisciplinario y de criminalística, que incluyen análisis balísticos y fotográficos.
Finalmente, al referirse a la escala penal en caso de llegar a una condena, el fiscal advirtió que ambas figuras contemplan penas de cumplimiento efectivo. El delito de homicidio agravado consumado prevé un mínimo de 10 años y 2 meses de prisión, pudiendo superar los 30 años, mientras que el grado de tentativa establece un piso superior a los 5 años de cárcel.
Corredera enfatizó que el “muchísimo temor” detectado en los vecinos y testigos fue un argumento clave utilizado por la fiscalía para convalidar la prisión preventiva, debido al evidente riesgo de entorpecimiento que existe sobre la causa.