El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII. La Justicia rechazó el pedido de la defensa al considerar que existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Ninguno de los imputados es de Comodoro Rivadavia ni tiene arraigo en la ciudad.
Este miércoles se realizó por videoconferencia una audiencia de revisión de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunta usurpación ocurrida en el barrio Juan XXIII de esta ciudad, que tiene a cinco hombres imputados.
Durante la audiencia, la defensa cuestionó la medida dispuesta previamente por la jueza natural de la causa, quien había ordenado 15 días de prisión preventiva para los acusados. El defensor sostuvo que el hecho investigado habría quedado en grado de tentativa y remarcó que el delito prevé una pena de entre seis meses y tres años de prisión.
Asimismo, solicitó la revocación de la medida argumentando que ninguno de sus asistidos posee antecedentes penales. Como alternativa, pidió que se les permita fijar domicilio y realizar presentaciones diarias en la comisaría más cercana a sus domicilios en Caleta Olivia.
Por su parte, el fiscal general sostuvo que la resolución original fue legal y debidamente fundada. Indicó que existió flagrancia en el hecho investigado y remarcó la presencia de riesgos procesales, principalmente peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En ese sentido, señaló que los imputados no poseen domicilio ni arraigo en la ciudad o en la provincia, ya que cuatro de ellos residen en Caleta Olivia, Santa Cruz, mientras que el restante tiene domicilio en El Bolsón, Río Negro.
Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva es la única medida que garantiza la continuidad del proceso judicial.
Finalmente, el tribunal de revisión resolvió confirmar la decisión de la jueza interviniente y mantener la prisión preventiva por 15 días para los cinco coimputados, al considerar que la resolución fue “ajustada a derecho y razonable”.
La audiencia contó con la participación de jueces penales de Esquel, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Facundo Oribones y la defensa por el abogado particular Paulo Neira.