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domingo, mayo 10, 2026
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Dique Florentino Ameghino

La Justicia ratifica que la imprudencia docente fue la causa del colapso de la pasarela en 2002

En un fallo definitivo que busca cerrar uno de los capítulos judiciales más extensos de la región, la Cámara de Apelaciones de Trelew resolvió que la Provincia del Chubut no posee responsabilidades compartidas en el colapso de la pasarela ocurrido en el año 2002. Con esta decisión, la responsabilidad civil total recae sobre las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Los jueces Marcelo Peral y Guillermo Walter corrigieron una instancia previa que pretendía repartir la culpa entre ambas jurisdicciones. Según el tribunal, no es posible atribuir negligencia a Chubut por la ausencia de cartelería de advertencia, fundamentando que la causa raíz del desastre ya fue establecida hace casi dos décadas por el Superior Tribunal de Justicia.

El fallo ratifica que el colapso no fue un fallo estructural imprevisible, sino la consecuencia directa de la imprudencia de los docentes a cargo. La justicia dejó en claro que se permitió que más de 50 personas se amontonaran sobre la estructura de manera simultánea, superando cualquier límite de seguridad razonable.

Conscientes del tiempo transcurrido desde la tragedia, los magistrados dispusieron medidas para garantizar que el resarcimiento económico a los sobrevivientes y familiares sea efectivo y no se vea licuado por el contexto económico:
Valores de mercado: Las indemnizaciones se calcularán utilizando referencias actuales, como el costo de construcción de viviendas y el precio vigente de vehículos.
Capitalización de intereses: Se aplicará un mecanismo legal para proteger el monto real frente a la inflación acumulada durante las más de dos décadas de proceso judicial.
“El objetivo es asegurar que las víctimas reciban una compensación justa, evitando que la demora del proceso judicial juegue en contra del valor real de lo que finalmente cobren”, destaca la resolución.

Con esta sentencia, se determina que la Provincia de Buenos Aires es la única entidad que deberá afrontar los pagos correspondientes, cerrando así la disputa por las responsabilidades civiles en torno a la tragedia.

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