Los padres de Ángel, el niño de 4 años cuya muerte conmocionó a la región, rompieron el silencio tras la filtración de un supuesto informe médico que sugiere una patología preexistente. En una declaración cargada de dolor e indignación, la familia desmintió categóricamente que el menor tuviera problemas de salud y apuntó contra el Poder Judicial.
Luis, el padre de Ángel, fue contundente al rechazar las versiones que circulan en redes sociales y que, según sospechan, provienen de ámbitos judiciales para desviar la atención.
“Mi hijo no tenía ningún problema respiratorio, nunca padeció de nada. Ahora quieren desviar el tema y ocultar la corrupción que hay en la fiscalía de Comodoro”, expresó.
Para la familia, la aparición de este informe no es una coincidencia, sino una respuesta a la denuncia penal que radicaron el pasado miércoles contra la psicóloga, el juez y la defensora que intervenían en el caso. “Es mentira que murió por una enfermedad; a mi hijo lo asesinaron a golpes”, sentenció el progenitor.
Lorena, la madre del corazón, reforzó la teoría de que la muerte fue producto de maltratos sistemáticos, detallando información que contradice la hipótesis de una “muerte natural”:
Lesiones graves: Aseguran que el cuerpo presentaba cerca de 20 golpes en la cabeza.
Trato inhumano: Denunciaron que el niño era bañado con agua fría y sometido a constantes maltratos por parte de Altamirano, su progenitora.
Filtraciones selectivas: Los padres cuestionan la seriedad de la investigación si la información llega antes a las redes sociales que a ellos o a su abogado.
La filtración del informe médico, que indica una supuesta afección previa, podría ser el argumento de la justicia para mantener o modificar la carátula actual. Sin embargo, la querella, encabezada por el abogado Castillo, rechaza esta postura y exige que se investigue como un homicidio.
“No vamos a permitir que cambien la carátula para salvar al juez Pablo Pérez, a la defensora Verónica Roldán y al resto del equipo social”, afirmaron los padres, quienes consideran que existe un intento de “tapar todas las evidencias” para proteger a los funcionarios públicos que fallaron en la protección del niño.
La familia confirmó que no descansará hasta que los responsables —tanto materiales como por omisión— enfrenten las consecuencias legales, reafirmando su total confianza únicamente en su equipo legal particular.