Un nuevo episodio de robo de cables de cobre se registró en las últimas horas en instalaciones del sector upstream de la Cuenca del Golfo San Jorge, reavivando la preocupación por una problemática que continúa afectando la infraestructura energética y la producción hidrocarburífera.
El hecho ocurrió este 4 de mayo por la noche en el área de Campamento Central, donde se detectó la sustracción de aproximadamente 750 metros de cable de cobre de 50 mm² pertenecientes a una línea de media tensión (10,4 kV) vinculada a una Subestación de Producción.
Según pudo saberse, además del faltante de cableado, varios postes del tendido eléctrico fueron derribados de manera intencional, evidenciando un accionar planificado y con logística previa. En el lugar, incluso, se halló un rollo de cable preparado para su traslado, lo que sugiere que la maniobra fue interrumpida antes de ser completada.
Personal policial de la Comisaría de Laprida y peritos de Criminalística intervinieron en el sitio durante la madrugada, realizando las actuaciones correspondientes.
Fuentes del sector señalaron que este tipo de hechos continúa produciéndose pese a los importantes esfuerzos en materia de seguridad desplegados por las compañías operadoras, que incluyen patrullajes, monitoreo y refuerzo de controles en zonas sensibles.
Sin embargo, el foco vuelve a ponerse sobre un aspecto estructural del problema: la cadena de comercialización del cobre robado. Distintos actores coinciden en que resulta difícil explicar cómo volúmenes significativos de material —como los registrados en este caso— pueden ser procesados, transportados y vendidos sin algún nivel de visibilidad dentro de los circuitos informales o incluso formales.
En este sentido, especialistas advierten que el robo de cobre no podría sostenerse en el tiempo sin una demanda activa y canales de colocación relativamente consolidados, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y fiscalización existentes.
Mientras tanto, las consecuencias siguen siendo concretas: pérdidas económicas, afectación de infraestructura crítica y riesgos operativos que impactan directa o indirectamente en la producción petrolera de la región.
El fenómeno, lejos de desacelerarse, continúa repitiéndose y refuerza la necesidad de abordar el problema de manera integral, no solo desde la prevención en campo, sino también desde el control efectivo de los circuitos de comercialización del material sustraído, con acciones concretas e inmediatas.