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Memoria

Después de 50 años, identificaron restos de desaparecidos durante la dictadura en La Perla

La Justicia confirmó la identidad de víctimas halladas en enterramientos clandestinos dentro del predio de La Perla. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió avanzar en causas por delitos de lesa humanidad y aportar respuestas a familias tras medio siglo de búsqueda.

La Justicia federal confirmó la identificación de personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar, tras el hallazgo de restos óseos en enterramientos clandestinos dentro del predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla.

El anuncio fue realizado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien destacó la relevancia del hecho: “Es un hecho trascendental para la historia de varias familias cordobesas”.

Los restos fueron encontrados en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, un área señalada por sobrevivientes como lugar de inhumaciones clandestinas durante el terrorismo de Estado.

Entre las personas identificadas hay militantes, estudiantes y trabajadores que fueron secuestrados entre 1976 y 1977:

  • Carlos Alberto D’Ambra Villares: Nacido el 12 de agosto de 1953 en Córdoba, era profesor de educación física. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Su hermana, Alicia Raquel, también fue desaparecida.
  • José Nicolás Brizuela: Nacido el 20 de febrero de 1927 en Córdoba, era casado y padre de dos hijos. Trabajaba en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), específicamente en el Taller Electromecánico de Villa Revol, y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado de su casa el 24 de octubre de 1977.
  • Raúl Oscar Ceballos Canton: Conocido como “Tucho”, era cordobés, estudiaba ingeniería y trabajaba en la planta de la empresa automotriz FIAT. Fue una de las víctimas identificadas en el sector “Loma del Torito”.
  • Mario Alberto Nivoli Gauchat: Nacido el 25 de abril de 1948 en Ucacha, Córdoba. Era técnico electricista y estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista–Montoneros y fue secuestrado en febrero de 1977 a los 28 años.
  • Ramiro Sergio Bustillo Rubio: Nacido el 7 de julio de 1950, era oriundo de San Rafael, Mendoza. Era casado, obrero y estudiante universitario. Militaba en el Partido Comunista y fue desaparecido en 1977.
  • Elsa Mónica O’Kelly Pardo: Nacida el 16 de julio de 1957 en Córdoba. Al momento de su desaparición era una joven militante; su hermano Horacio Víctor también figura en los registros de víctimas de la época.
  • Adriana Carranza Gamberale y Cecilia Carranza Gamberale: Hermanas que fueron secuestradas y desaparecidas durante el mismo periodo represivo en Córdoba. Sus restos fueron hallados e identificados de forma conjunta en las fosas del predio militar.
  • Alejandro Jorge Monjeau López: Nacido el 23 de octubre de 1955 en Mar del Plata, tenía 21 años al momento de su desaparición. Era estudiante universitario, trabajaba como vendedor y ya era padre de un hijo. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la ciudad de Córdoba y visto por sobrevivientes en el centro clandestino “La Perla”.
  • Oscar Omar Reyes de Paniconi: Cordobés y padre de cinco hijos, era ingeniero mecánico y se desempeñaba como obrero en la planta de FIAT. Militaba en el peronismo de base y en el Partido Comunista. Fue secuestrado de su domicilio en el barrio Altamira el 26 de agosto de 1976 por un grupo de tareas vinculado al Tercer Cuerpo de Ejército.
  • Eduardo Jorge Valverde Suárez: Conocido como “Tero”, nació en Mendoza y tenía 36 años. Era abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y se destacó por su labor como defensor de presos políticos. Fue secuestrado el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Córdoba, dejando a su esposa y dos hijos.
  • Sergio Julio Tissera Pizzi: Nacido el 16 de septiembre de 1943 en La Para, Córdoba, tenía 32 años al momento de su secuestro. Trabajaba como empleado en la Compañía de Electrificación SADE y desarrollaba su militancia en el ámbito gremial. Fue capturado por las fuerzas represivas el 21 de abril de 1976 en Córdoba Capital.

Un avance clave en la investigación
La identificación fue posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en conjunto con el Instituto de Medicina Forense. Los peritajes incluyeron estudios antropológicos y análisis de ADN comparados con muestras de familiares.

Las tareas se realizaron sobre restos recuperados en excavaciones llevadas adelante entre septiembre y noviembre de 2025, en el marco de una causa por homicidio agravado impulsada a partir de una denuncia del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Los especialistas trabajaron en una zona de aproximadamente una hectárea dentro de un predio militar mucho más amplio, donde detectaron restos mezclados y alteraciones del suelo compatibles con movimientos de maquinaria pesada. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de las llamadas “operaciones de limpieza”, realizadas para ocultar cuerpos antes del retorno de la democracia.

La investigación combinó testimonios de sobrevivientes, imágenes aéreas históricas, tecnología LiDAR y estudios geológicos para delimitar las áreas con mayor probabilidad de enterramientos.

Memoria y búsqueda
El CCD La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército y fue el mayor centro clandestino del interior del país. Se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, en su mayoría aún desaparecidas.

Desde organismos de derechos humanos destacaron que cada identificación permite reconstruir lo ocurrido y dar respuestas a familias que esperaron durante décadas.

El juez también aclaró que se difundieron 11 de las 12 identidades confirmadas, ya que una familia solicitó mantener la reserva.

Este nuevo avance se suma a más de dos décadas de investigaciones en el predio y marca un paso clave en las causas por delitos de lesa humanidad, al tiempo que contribuye a sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Con información de La Opinión Austral. 

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