La Cámara Alta le dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Fue aprobado por amplia mayoría: 44 votos positivos contra 27 negativos.
El oficialismo logró este viernes concretar otra ley potente pretendida por el presidente Javier Milei: en el último día de la convocatoria a sesiones extraordinarias el nuevo régimen penal juvenil -que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- cosechó 44 votos positivos contra 27 negativos y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo.
En una jornada marcada por las protestas afuera del Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda tomaron las calles, el oficialismo optó por demorar el tratamiento del proyecto del Ejecutivo que propone una reforma laboral. Mientras el peronismo votó en contra, el oficialismo logró sancionar la ley con el apoyo de radicales, PRO, el flamante interbloque dialoguista “Impulso país” y la tucumana Sandra Mendoza de Convicción Federal.
De esta manera, la estrategia fue estirar el debate de la iniciativa que establece una escala de castigos (sanciones socioeducativas para delitos menores hasta penas de 15 años de prisión para delitos graves) y que ya cuenta con aprobación del Senado.
“Nuestra ley está del lado del ciudadano, venimos a terminar con una doctrina peligrosa, que es la que del delincuente es víctima del sistema”, disparó Patricia Bullrich.
La senadora, se movió como pez en el agua en la defensa de un proyecto que viene impulsando desde su gestión como ministra de Seguridad en el macrismo. En ese contexto, reiteró la consigna que vienen repitiendo los libertarios: “el que las hace, las paga”.
“Nosotros venimos con un mandato el orden, y no nos da vergüenza decirlo, no vivir en el mundo de que cada uno hace lo que quiere”, expresó la ex ministra.
Con la presencia de familiares de víctimas de la inseguridad en los palcos del hemiciclo, Bullrich pidió un minuto de silencio para todas las victimas “que no han podido tener justicia porque no han podido vivir en paz”.
Asimismo, apuntó contra los padres que son responsables de iniciar a los menores en los delitos: “Tienen que ser civilmente responsables porque genera un problema enorme en las familias porque los chicos no tienen referencia. Esto pasa en todos los sectores sociales”.
“La prisión en esta ley es el último recurso, no es prisión para cualquier cosa, y en casos gravísimos. Y está bien, porque si alguien mata no puede volver a dormir a su casa como si nada. No puede no tener consecuencias”, agregó.
El texto que giró al Poder Ejecutivo establece una pena máxima de prisión de 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
Respecto a la asignación presupuestaria, establece una partida de $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y de $ 20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación para las provincias que convenien con la Nación.