El tribunal revisor rechazó el pedido de arresto domiciliario y confirmó la prisión preventiva del imputado por el robo agravado ocurrido el 3 de abril de 2025, en el que habría efectuado dos disparos contra un policía retirado en plena vía pública.
El tribunal revisor confirmó este jueves la prisión preventiva de Pablo Ovalle, imputado por un robo agravado ocurrido el 3 de abril de 2025, y rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa.
De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho se produjo en la vía pública cuando el imputado habría intentado cometer un robo utilizando un arma de fuego. En ese contexto, efectuó dos disparos contra la víctima, un policía retirado. La causa fue encuadrada como robo agravado por el uso de arma de fuego y la pena en expectativa supera los siete años de prisión.
La audiencia de revisión fue solicitada por la defensora particular, quien cuestionó la resolución dictada por el juez natural y pidió una morigeración de la medida de coerción, requiriendo que su asistido cumpla arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Durante su exposición, la defensa sostuvo que en la decisión anterior no se valoraron los elementos aportados, entre ellos el testimonio de dos personas que habrían contratado al imputado para realizar trabajos de albañilería el día del hecho. También puso en duda la probabilidad de autoría señalada en la acusación, al considerar que el registro fílmico no permite identificar con claridad el rostro y que la rueda de reconocimiento resulta impugnable.
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió la resolución y afirmó que persisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Señaló que la evidencia reunida es “cuantiosa y de alta calidad”, que la rueda de reconocimiento fue positiva y que deben ponderarse la gravedad del hecho, la pena en expectativa y los antecedentes del imputado.
Finalmente, el tribunal revisor resolvió confirmar la resolución del juez natural y mantener la prisión preventiva por el plazo de dos meses o hasta la realización de la audiencia preliminar, al considerar acreditada la probabilidad de autoría y la vigencia de los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.