Denuncian que la ayuda económica ofrecida no figura en el boletín oficial, lo que deja a las familias en una situación de indefensión. “No estamos buscando que se nos regale nada, sino una propuesta formal y seria”, afirmaron.
La crisis habitacional en los barrios afectados por la emergencia geológica sumó un nuevo capítulo de tensión. Anabella Bustos, vecina del barrio Sismográfica, manifestó el profundo malestar de la comunidad ante una reciente propuesta económica del municipio destinada a paliar el costo de los alquileres.
El principal eje del reclamo radica en la informalidad de la oferta. Según Bustos, la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con respaldo jurídico al no figurar en ningún boletín oficial. “Nuestros derechos no están asegurados, así como tampoco se aseguran las obligaciones por parte del municipio”, advirtió la vecina.
Además, denunciaron criterios dispares y discrecionales en la asignación de montos y plazos:
* Montos variables: A algunas familias se les ofreció $350.000 por 8 meses, mientras que a otras el monto ascendió a $500.000 por 9 meses, a pesar de tener composiciones familiares similares.
* Exigencias contradictorias: Mientras que a algunos vecinos se les exige un contrato de alquiler previo —algo casi imposible de costear sin ayuda previa—, a otros solo se les pide informar la ubicación de la vivienda sin documentación de respaldo.
La situación se vuelve crítica para las familias que trabajan en la informalidad o no cuentan con garantías. Bustos señaló que para ingresar a un alquiler hoy se requiere un piso de 1,5 millones de pesos entre mes de depósito, garantía y honorarios. “Tener la posibilidad de un contrato previo a una ayuda económica es casi imposible”, explicó.
La preocupación se agrava por la realidad que viven muchas familias en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, zonas declaradas no habitables:
* Familias de hasta 7 personas viviendo hacinadas en comedores o departamentos pequeños.
* Casos extremos en el barrio Marquesado, donde vecinos permanecen en sus hogares sin luz, agua ni electricidad.
Finalmente, los vecinos cuestionaron las prioridades de la gestión municipal. Tras conocerse que existe una partida económica destinada a demoliciones, los afectados exigen que el dinero se redireccione prioritariamente a resolver la urgencia habitacional.
A menos de un mes del inicio de las clases, la comunidad exige una respuesta formal que considere la “circunstancia humanitaria” que atraviesan las más de 200 familias damnificadas.