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sábado, febrero 14, 2026
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Resolución

Habilitan estaciones de servicio móviles para garantizar el combustible en todo el país

La medida, publicada en el Boletín Oficial, surge como respuesta a los problemas de desabastecimiento que afectaron a numerosas comunidades del interior. Empezarán a operar desde el 29 de enero.

El Gobierno nacional incorporó formalmente las estaciones de servicio móviles al registro oficial de bocas de expendio de combustibles.

La medida permite, entre otras cosas, que localidades del interior —donde muchas estaciones fijas se encuentran en mal estado o dejaron de operar— cuenten con una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse de combustibles.

La iniciativa se formalizó a través del Decreto 46/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que incorpora estas unidades al registro oficial y autoriza su funcionamiento a partir del 29 de enero de 2026.

La decisión garantiza, por ejemplo, el abastecimiento en localidades que carecen de estaciones fijas, disminuye los costos para las empresas y para los usuarios —que ya no deberán trasladarse largas distancias— y fomenta la competencia en el sector. Además, brinda mayor competitividad y seguridad en la provisión local y contribuye al desarrollo productivo de las economías regionales.

Las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales —como la NFPA 385 y la UL 2085—, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.

Cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Asimismo, el nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas equivalentes a hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas.

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