La víctima descubrió compras por 2 millones de pesos realizadas con su tarjeta de débito en un corralón. La Policía allanó el comercio y una vivienda particular, mientras la Justicia investiga el hecho como una posible estafa.
Una mujer de 80 años, oriunda de Chubut, descubrió que desconocidos realizaron compras no autorizadas con su tarjeta de débito por un monto cercano a los 2 millones de pesos en un corralón de la localidad de Cholila.
El hecho salió a la luz cuando la víctima notó movimientos bancarios extraños en su cuenta. Alertada por esta situación y con la ayuda de familiares, logró identificar las operaciones fraudulentas realizadas en un comercio local. Tras confirmar el ilícito, radicó una denuncia por estafa.
La comisaria Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, explicó a medios locales que, tras conocerse el hecho, se inició una investigación a cargo de la División de Policía de Investigaciones de la Comarca en conjunto con efectivos de la Comisaría de Cholila. Gracias al rápido accionar, el domingo por la mañana se llevaron a cabo allanamientos tanto en el corralón señalado como en una vivienda particular, donde residiría la persona sospechada de haber cometido el delito.
Pauli confirmó que el valor de las compras realizadas de forma fraudulenta asciende a cerca de 2 millones de pesos, y destacó la eficacia del operativo policial: “Estamos conformes con el rápido accionar de la DPI y la Comisaría de Cholila, que realizaron todas las averiguaciones pertinentes para dar rápidamente con los posibles autores”.
Estafa con tarjeta: un delito penal
De comprobarse la responsabilidad del sospechoso, la causa podría encuadrarse en el delito de estafa, contemplado en el inciso 15 del artículo 173 del Código Penal, que sanciona el uso no autorizado de tarjetas de débito, ya sea por robo, hurto, engaño o apropiación indebida de datos.
La pena prevista para este tipo de maniobras puede ir de un mes a seis años de prisión, dependiendo de factores como los antecedentes del acusado, la existencia de arrepentimiento, o la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía mediante juicio abreviado.
La investigación continúa para determinar cómo se obtuvo la tarjeta o sus datos y cuál fue el recorrido del dinero gastado. Mientras tanto, se analiza el grado de participación de los involucrados y si existen más personas vinculadas al hecho.