La causa por lavado de dinero comenzó cuando el jefe de la organización quiso comprar una radio. Las donaciones figuran desde 2010 y hay un donante que es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo. Trece personas fueron citadas a declarar, entre ellas figuras vinculadas al bolsonarismo.
La Justicia federal lleva adelante una investigación contra la Iglesia Universal del Reino de Dios, acusada de presunto lavado de dinero, y pone el foco en Ricardo Alberto Cis, pastor y principal referente de la organización religiosa en el país.
La causa, que comenzó formalmente en 2020, tiene su origen en una serie de movimientos financieros sospechosos y apunta a operaciones que se remontan al menos una década atrás. Todo comenzó cuando Cis intentó comprar una emisora de radio para difundir su mensaje religioso, pero la compra no coincidía con su situación patrimonial, lo que encendió las alertas judiciales.
Ante la consulta por el origen del dinero, el líder evangélico aseguró que provenía de los diezmos aportados por los fieles, aunque no presentó documentación que respaldara su versión. Esto llevó a las autoridades a analizar en profundidad las finanzas de la iglesia.
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos llamativos: en 2010, 45 personas depositaron alrededor de 4 millones de pesos, y entre 2012 y 2013, otras 26 personas aportaron $160 millones. Incluso, uno de los donantes registrados era beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según la investigación, entre 2010 y 2014, la Iglesia Universal del Reino de Dios habría recaudado al menos 260 millones de pesos, cifra que fue creciendo con el tiempo. Actualmente, la organización posee siete inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 14 en la provincia y otras propiedades en el interior del país, además de 186 vehículos y un avión privado modelo Cessna 750. Se estima que su patrimonio supera los 5 millones de dólares.
Desde la iglesia no respondieron las consultas realizadas por TN.
Inicialmente, la causa fue tramitada en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, pero por cuestiones de competencia fue derivada al fuero penal económico. Ahora está en manos del juez Diego Amarante, quien el próximo 30 de agosto interrogará a 13 personas a pedido del fiscal Emilio Guerberoff.
Entre los citados a declarar se encuentran María Idineo Oracz de Assis, presidenta de la organización; Ramón Raitelli, tesorero; y los apoderados Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes, ambos con vínculos políticos con el bolsonarismo en Brasil.