Una mujer tucumana fue brutalmente agredida por un presunto robo de cinco millones de pesos argentinos a una vendedora local en la ciudad de Bermejo, en la frontera con la localidad salteña de Aguas Blancas. La humillaron públicamente y la golpearon.
En un violento episodio, una mujer argentina fue salvajemente agredida en la ciudad de Bermejo en Bolivia, en la frontera con Aguas Blancas, provincia de Salta, luego de ser acusada de robar cinco millones de pesos a una comerciante local. El hecho quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.
La mujer, oriunda de Tucumán, fue identificada por vecinos y comerciantes de la zona como parte de una presunta banda dedicada a cometer robos en el cruce fronterizo. Según medios bolivianos, habría actuado junto a otras personas que ingresaron al local simulando ser clientes, y que sustrajeron un bolso con una elevada suma de dinero perteneciente a una vendedora local.
“Distintas personas entraron al negocio como si fueran clientes, me robaron un bolso con todo el dinero que tenía. Me da bronca ver que esta mujer ahora va a tener tres abogados: uno de oficio, otro del consulado argentino y uno más de Derechos Humanos, mientras yo tengo que pagarle a uno particular”, reclamó con impotencia la damnificada ante las cámaras de un medio local.
Violencia en la frontera
Lo que siguió fue un acto de justicia por mano propia. Decenas de vecinos la golpearon salvajemente, le arrancaron la ropa, le cortaron el pelo y amenazaron con prenderla fuego en plena calle. “Pedían nafta para quemarla viva”, narró un testigo, mientras la Policía intentaba sin éxito intervenir ante el bloqueo de los agresores.
Solo cuando la situación se tornó crítica y la mujer ya presentaba múltiples heridas y hematomas, los efectivos lograron evacuarla hacia una comisaría de Bermejo. Por el momento, la fiscalía local debe definir su situación procesal, ya que no se han radicado denuncias formales en su contra, pese a la magnitud del caso.
Familiares de la mujer argentina denunciaron que fue torturada y exigen que los responsables del linchamiento respondan ante la Justicia. “Esto no fue un arresto ciudadano, fue una brutalidad. Nadie tiene derecho a torturar a otra persona, incluso si cometió un delito”, señalaron voceros del entorno de la víctima.
El caso cobró mayor trascendencia a raíz de la difusión de los videos del ataque en redes sociales. En pocas horas, las imágenes dieron lugar a un tenso debate entre quienes justificaron el accionar de los vecinos y quienes lo condenaron por su violencia extrema y la ausencia total del debido proceso.