El cierre de una sede del PAMI durante una manifestación en apoyo a Cristina Kirchner derivó en la desvinculación de su coordinadora y la suspensión de varios empleados. La interrupción del servicio afectó a más de 3.700 jubilados.
El cierre intempestivo de la sede del PAMI en El Bolsón, en adhesión a una manifestación política, terminó con la desvinculación de la jefa local del organismo y la suspensión de varios trabajadores. El hecho, ocurrido el pasado 18 de junio, generó fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en la comunidad de jubilados, quienes vieron interrumpido un servicio esencial por una protesta ajena a la función pública.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados informó que “se dio lugar a la desvinculación de la Jefa del Centro de Atención Primaria (CAP) de El Bolsón y a la suspensión preventiva por 29 días de los trabajadores involucrados en el cierre no autorizado de la sede”.
La medida, impulsada por sectores del gremio ATE, tuvo como motivo una muestra de repudio a la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sede permaneció cerrada mientras en Buenos Aires se desarrollaba una marcha hacia Plaza de Mayo en respaldo a la exmandataria.
El episodio dejó sin atención a más de 3.700 afiliados de esta localidad cordillerana y sus alrededores, quienes dependen de los servicios del PAMI para acceder a prestaciones médicas, medicamentos y trámites fundamentales. Para las autoridades nacionales, el cierre no sólo fue irregular, sino que “afectó gravemente el derecho de los jubilados a recibir atención”.
La intervención del organismo fue inmediata, y la decisión de apartar a la coordinadora local marca un precedente frente a la politización del ámbito estatal. Si bien el derecho a la protesta es legítimo, desde el Gobierno se hizo hincapié en que debe garantizarse siempre la continuidad de los servicios públicos, sobre todo cuando se trata de un sector vulnerable como el de los adultos mayores.
El hecho abrió un nuevo frente de debate sobre los límites entre militancia política y función pública, en un contexto donde el rol de los organismos estatales vuelve a estar en el centro de la escena.