Mediante la resolución 764 publicada este lunes, el Gobierno nacional disolvió el fondo fiduciario que fue creado en 2012 para facilitarle el acceso a la vivienda a muchas familias.
El Gobierno nacional oficializó la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el histórico programa de acceso a la vivienda lanzado en 2012. A través del Decreto 1018/2024 y la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, se puso en marcha el proceso de liquidación del fondo, cuya administración financiera y legal pasará a estar a cargo del Banco Hipotecario S.A.
La medida genera preocupación entre los beneficiarios de créditos hipotecarios y las familias que esperan por viviendas aún no entregadas. Desde el Gobierno argumentaron que el cierre del fideicomiso busca “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su tamaño y transparentar el gasto público”. También se señaló que la financiación de viviendas debe quedar en manos de entidades bancarias y no del Estado de forma directa.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo citó informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que advirtieron sobre demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones mínimas de habitabilidad en algunas unidades, y deficiencias administrativas y de control. Además, se detectaron sobrecostos vinculados a la paralización de obras.
Créditos vigentes: qué cambia y qué se mantiene
Según lo dispuesto, los créditos otorgados bajo las distintas líneas del Procrear —para compra, construcción, refacción o desarrollos urbanísticos— seguirán vigentes bajo los términos originales. El Banco Hipotecario continuará administrando los préstamos, respetando los montos, tasas, métodos de actualización y cronogramas de pago ya acordados con los beneficiarios.
Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se modificarán de forma unilateral los contratos ni se alterarán los derechos adquiridos. La Secretaría Legal de la cartera también será responsable de eventuales litigios derivados del programa.
Qué pasará con las obras sin terminar
Uno de los principales puntos de incertidumbre gira en torno a las más de 17.000 viviendas actualmente en construcción. El Gobierno determinó que la continuidad de esos desarrollos será responsabilidad de provincias, municipios o, eventualmente, del sector privado.
Durante 2024 ya se inició el traspaso de proyectos inconclusos a distritos como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. En este último caso, la administración de Axel Kicillof se comprometió a finalizar algunas de las obras con recursos provinciales, sobre todo en municipios del conurbano.
Las viviendas terminadas que aún no fueron adjudicadas podrían incorporarse al mercado mediante ventas directas, lo que implicaría un cambio respecto al mecanismo de sorteo tradicional de Procrear. Todavía no está claro si se ofrecerán con financiamiento.
Qué condiciones rigen para los proyectos pendientes
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir inmuebles que no tengan contratos vigentes, para su venta o cesión. En el caso de terrenos aportados por provincias o municipios, podrá negociarse la devolución parcial o total.
Actualmente existen 85 proyectos urbanísticos en distintas etapas, que equivalen a unas 18.500 viviendas. Aquellos que no hayan comenzado o no cuenten con convenios activos podrán ser transferidos a otros organismos públicos o vendidos. En cuanto a créditos aún no desembolsados o con trabas administrativas, el Ministerio de Economía deberá intervenir para resolver cada situación, priorizando la continuidad de las obligaciones asumidas.
Con el cierre del Procrear, el Estado se retira formalmente de la gestión directa de un programa que marcó una etapa en la política habitacional argentina, dejando en manos de las jurisdicciones y el sector privado la finalización de miles de viviendas.