Una enfermera y un empleado recibieron penas de prisión en suspenso como responsables del faltante de 30 dosis contra el coronavirus en plena pandemia. Otra enfermera fue absuelta.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia este viernes en el caso del robo de vacunas contra el COVID-19 ocurrido en enero de 2021, en plena segunda ola de la pandemia y cuando las dosis de Sputnik V llegaban al país en cantidades muy limitadas.
Dos de los tres imputados fueron hallados culpables por el hecho, ocurrido en el Hospital Regional de la ciudad, pero no cumplirán penas de cárcel: recibieron condenas en suspenso. La tercera acusada fue absuelta por un cambio en la imputación que, según los jueces, vulneró su derecho a defensa.
Las condenas
Analía Muñoz, enfermera del hospital público más importante de la ciudad, fue considerada responsable del hurto de 30 dosis y del delito de cohecho pasivo, es decir, haber recibido dinero a cambio de robar las vacunas. Fue condenada a tres años de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de las costas del proceso. Además, deberá cumplir reglas de conducta y presentarse ante la Justicia cada tres meses. Si incumple estas condiciones o comete un nuevo delito, podría ir a prisión.
Por su parte, Marcos Paura, colaborador de la obra social del gremio de Camioneros, recibió una condena de dos años y seis meses en suspenso por haber ofrecido el soborno. Según la Fiscalía, le pagó 15.000 pesos a Muñoz para que le facilitara las vacunas y así fueran aplicadas fuera del circuito oficial, en un momento en que solo podían acceder a ellas adultos mayores, personal de salud y grupos de riesgo.
Una absuelta y 21 desvinculados
La tercera imputada, la enfermera Vanesa Torres, fue absuelta. Los magistrados consideraron que su derecho a una defensa adecuada fue vulnerado, ya que inicialmente estaba acusada de encubrimiento, pero en el tramo final del juicio la Fiscalía la señaló como partícipe necesaria del hurto, un cambio que no le permitió defenderse correctamente durante el proceso.
En paralelo, otras 21 personas afiliadas a la obra social de Camioneros, señaladas como beneficiarias de las vacunas robadas, quedaron fuera del juicio tras llegar a un acuerdo con la Justicia: pagaron una compensación económica y se comprometieron a cumplir normas de conducta por un año.
En cambio, los tres principales acusados intentaron acceder a ese mismo beneficio, pero la Justicia se lo negó y el proceso siguió adelante. El 13 de junio se conocerán los fundamentos completos del fallo.