Eduardo Casal mantuvo la acusación del fiscal de Casación por asociación ilícita. La Corte Suprema de Justicia habilitó la revisión de la pena.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó que se modifique y endurezca la condena dictada contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad. Actualmente, la exmandataria fue sentenciada a 6 años de prisión por administración fraudulenta, pero Casal propuso elevar la pena a 12 años e incluir el delito de asociación ilícita, además de confirmar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Casal presentó un dictamen de 13 páginas ante la Corte Suprema de Justicia, en el que respaldó el recurso presentado por el fiscal de Casación Mario Villar. En el texto, el procurador cuestiona el fallo previo que absolvió a Fernández de Kirchner por asociación ilícita y redujo el decomiso económico, calificando la sentencia de “arbitraria”.
Además, Casal pidió revisar las absoluciones de otros exfuncionarios implicados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el extitular de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.
El próximo paso queda en manos de la Corte Suprema —integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, que deberá analizar tanto el planteo de la Fiscalía como el recurso presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, quien reclama su absolución total, al igual que la de otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad Nacional y provincial.
Sobre la causa
La Causa Vialidad investiga el presunto direccionamiento de 51 obras viales en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, Cristina Fernández fue condenada en primera instancia, aunque el fallo aún no está firme. Ella sostiene que el proceso judicial fue parte de una campaña de persecución política y mediática, conocida como lawfare.