La causa por fraude con viviendas del IPV, que involucra a Vanesa Fita y otras cuatro mujeres, avanza en su etapa de investigación. La participación de Fita está establecida, mientras se define el rol de las demás imputadas. El fiscal del caso informó sobre el análisis de pruebas y la obtención de información de celulares con la asistencia de peritos de Buenos Aires.
La investigación por las estafas con viviendas del IPV, que involucran a Vanesa Fita, hermana del actual presidente del PJ provincial y diputado Gustavo Fita, junto a Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez, continúa su curso tras la imputación de las cinco mujeres el 5 de febrero del corriente. Se las acusa de estafar a 594 personas entre abril de 2023 y febrero de 2024, quienes realizaron pagos con la promesa de acceder a viviendas que nunca fueron entregadas.
En el momento de la imputación, Fita fue señalada como autora de estafa por calidad simulada e influencia mentida en 594 hechos en concurso real, mientras que las restantes fueron imputadas como partícipes necesarias.
A dos años del inicio de la investigación, el fiscal general, Martín Cárcamo, brindó detalles sobre el avance del caso. “En concreto la investigación sigue su curso, se encuentra dentro del plazo de etapa preparatoria, cuyo vencimiento opera el día 5 de agosto de este año”, explicó el fiscal. Respecto a la situación de la principal imputada, Cárcamo afirmó: “respecto a Vanesa Fita, la evidencia continúa indicando que hay pruebas en cantidad y calidad suficiente para formular una acusación pública”. En cuanto a las otras cuatro mujeres, señaló: “resta resolver en definitiva la situación procesal de los restantes partícipes de la maniobra, las personas a las que les fueron atribuidas en su momento, la participación en la comisión de estas 594 defraudaciones. Estamos trabajando en eso”.
El fiscal destacó el trabajo para determinar la responsabilidad de cada una de las partícipes: “tratamos de resolver esa situación, a los fines de establecer con precisión cuál es la conducta que cada una de estas partícipes ha llevado adelante. Hasta el momento, la evidencia indica que culminará con una acusación pública, al menos en lo que respecta a una de las coimputadas, la señora Vanesa Fita”.
Cárcamo también descartó la aparición de nuevos imputados: “en principio descartamos la posibilidad de investigar más imputados porque la maniobra, de acuerdo a lo que se viene señalando e indica la evidencia, es la autoría material e intelectual puesta en cabeza de la señora Fita, con la participación o con colaboración de otras cuatro mujeres que cumplieron diversos roles. En definitiva, con esa imputación queda cubierta completa toda la secuencia fáctica de lo que implica la maniobra”.
Sobre la responsabilidad de Fita, planteó: “ella está en calidad de autora material y una posibilidad de resolver la situación de las restantes partícipes, es atribuirle también la autoridad mediata en este punto, respecto a la actuación de estas otras cuatro personas”.
En cuanto a la posible pena, el fiscal refirió: “por las reglas del concurso, será eventualmente una escala penal prevista en abstracto de 1 a 50 años y después naturalmente, cuando se formula la acusación pública, tendría que efectuar una estimación provisoria de eso, que estimo y descuento que será de cumplimiento efectivo”.
El perjuicio económico causado a las víctimas supera los 59 millones de pesos, según detalló Cárcamo: “hemos podido determinar que ha superado los 59 millones de pesos, y hay mucha información vinculada con el medio o el modo que se utilizó, que fue servicios de mensajería vía WhatsApp. Se ha logrado recuperar muchísima información que han aportado los damnificados, y es una tarea de análisis que lleva su tiempo”.
Finalmente, el fiscal resaltó la colaboración de peritos de Buenos Aires para analizar los teléfonos secuestrados: “vale destacar que por caso, en atención a las características de los equipos de telefonía que fueron secuestrados al inicio de la investigación, fue necesario recurrir a la colaboración judicial del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante de los peritajes y la extracción de la información”.